Los cuerpos de seis presos de la cárcel de Santiago Vázquez de Uruguay –conocida como Comcar– aparecieron calcinados en una celda. Las causas todavía se investigan, pero de las investigaciones primarias surge que las víctimas fueron atacadas por otros reclusos, rociadas por un líquido inflamable y luego prendidas fuego. La tragedia volvió a evidenciar la situación “límite y explosiva” que atraviesan las cárceles uruguayas.
La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) expresó su preocupación tras la muerte de los seis presos. En un comunicado difundido el jueves 26, señaló que la tragedia sucede nueve meses después de otro incendio que tuvo “características aparentemente similares” y en el que también murieron seis personas. Esta oficina asegura que está evaluando los “pasos a seguir”.
La institución viene “monitoreando sistemáticamente la evolución de las dificultades en el ámbito carcelario”. En 2024, recuerdan en el texto, se convocó a la coordinación con la Oficina del Comisionado Parlamentario para construir “consensos sobre los principales aspectos de una reforma” que consideran posible. “La Inddhh queda atenta a los resultados de las investigaciones en curso, para conocer las responsabilidades tanto individuales como institucionales que la Justicia establezca”.
“Lo ocurrido hoy es de suma gravedad, preocupa y demuestra una vez más que el Estado necesita encarar con urgencia una reforma contundente del sistema carcelario. Uruguay debe mantener su tradición altamente respetuosa del derecho a la vida de las personas”, cierra el comunicado.
Los funcionarios civiles de los centros penitenciarios también expresaron su “dolor y preocupación” por la muerte de los presos. Piden declarar la “emergencia carcelaria” y que el Estado adopte medidas que “pongan fin” a la crisis. “Estos trágicos sucesos son una nueva muestra de las gravísimas deficiencias que venimos denunciando desde hace tiempo”, dice un comunicado de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios.
Este sindicato se queja de la falta de personal que hay en las cárceles, algo que afecta las condiciones laborales de los trabajadores y “compromete la seguridad y el bienestar de las personas privadas de libertad”. Los funcionarios aseguran que el sistema penitenciario no tiene “una verdadera política de Estado que trascienda los intereses partidarios y aborde de manera efectiva las situaciones extremas”. Consideran “urgente” que se tomen medidas y piden la “emergencia carcelaria”.
“Es inaceptable seguir permitiendo que estas tragedias se repitan. ¿Cuántas vidas más tienen que perderse para que se tomen las decisiones que realmente importan?¿Cómo podemos seguir ignorando una crisis que afecta tanto a quienes trabajan como a quienes viven en el sistema penitenciario?”, cuestionan los funcionarios.
El incendio de este miércoles fue intencional y se originó por una disputa entre los presos, informó El Observador. Los seis fallecidos ya habían sido amenazados antes por una pelea y, según una de las hipótesis, se encerraron en una celda para defenderse de posibles ataques. Había una séptima persona en el lugar, que fue internada en el Centro Nacional de Quemados.
Para empezar el fuego, los atacantes quemaron un colchón utilizando aceite de cocina como combustible. Otra de las hipótesis es que la pegaron a otros presos para conseguir la nafta que utilizan las máquinas de cortar pasto.
La crisis del sistema carcelario uruguayo se arrastra desde hace varios años: la cantidad de plazas que hay en las cárceles no son suficientes y el presupuesto que el Estado les destina tampoco alcanza.
Un informe del Inddhh sostiene que hay una “gravedad de la situación de la sobrepoblación y hacinamiento crítico del sistema penitenciario y sus efectos negativos para los cometidos de todas las instituciones que trabajan sobre la privación de a”. Los servicios penitenciarios se ven resentidos y se afecta su “dignidad”, advierte el texto.
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