Por qué los presos asesinados en las masacres carcelarias de Ecuador eran vulnerables a la explotación del crimen organizado

En 2021, Ecuador vivió una serie de masacres en sus centros penitenciarios que dejaron al descubierto una profunda crisis en su sistema carcelario. Los asesinatos de casi 500 presos, ocurridos principalmente en las cárceles de Guayaquil, impactaron al país, generaron debates en torno a las políticas de seguridad y la falta de control estatal en las cárceles y fueron la antesala de la escalada violenta que aún no logra ser contenida en las calles. Un reciente estudio académico, encabezado por los investigadores Lorena Piedra Cobo, Mario Cueva Almeida y Leonardo Jaramillo Mora, busca arrojar luz sobre quiénes fueron las víctimas de estas masacres y cómo sus historias reflejan las fallas estructurales del sistema penitenciario.

El estudio, titulado Crimen organizado (CO) y asesinatos masivos en los centros penitenciarios en Ecuador: Caracterización de las víctimas del CD Zona 8, 2021, analiza las características socioeconómicas y demográficas de los reclusos asesinados. A través de una perspectiva de interseccionalidad, el equipo de investigadores revela cómo la pobreza, la exclusión social y la falta de acceso a la educación hicieron que muchos de los prisioneros fueran más vulnerables al reclutamiento por parte del crimen organizado.

En entrevista con Infobae, la académica Lorena Piedra, quien lideró la investigación, explicó que es esencial estudiar quiénes fueron las víctimas para entender no solo las masacres, sino también las raíces de la crisis carcelaria: “La mayoría de las víctimas eran jóvenes marginados con bajos niveles educativos. Estos factores los hacen presa fácil para ser explotados por las estructuras del crimen organizado dentro de los centros penitenciarios”, comentó.

El estudio analizó 126 casos de presos asesinados. Según los datos de los investigadores, 40 reos estaban en prisión por robo; 34 por tráfico de drogas; 13 por asesinato; 11 por delincuencia organizada; 8 por no pagar la pensión de alimentos a sus hijos; 7 por asociación ilícita; 7 por tenencia de armas; y 6 por ingreso de artículos prohibidos a las prisiones. La mayoría (81) tenían entre 26 y 35 años.

El estudio encontró que, aunque gran parte de los asesinados tenía vínculos con bandas criminales, no todos eran parte activa de estas organizaciones. Piedra resaltó que “es fundamental saber si los asesinados eran parte de una organización criminal o si simplemente fueron víctimas de la violencia desmedida dentro de las cárceles”. Esta distinción, explicó, es clave para entender si las masacres fueron resultado de enfrentamientos entre pandillas, como sostuvo el gobierno en ese momento, o si se trató de actos de gobernanza criminal en los que las bandas buscaban desafiar al Estado ecuatoriano.

Un hallazgo estremecedor de la investigación es que varias de las víctimas ya tenían órdenes de excarcelación, pero seguían en prisión debido a la ineficiencia del sistema: “Hemos encontrado al menos tres personas que ya podían haber salido libres, pero por fallas administrativas no lograron hacerlo y fueron asesinadas”, señaló Piedra. Este tipo de errores, según los investigadores, no solo aumentan el riesgo para los internos, sino que exponen la falta de coordinación y diligencia en la administración penitenciaria del país.

Para la investigadora Piedra, el contexto en el que ocurrieron estas masacres mostró la urgente necesidad de repensar las políticas públicas en torno a la seguridad y la rehabilitación de los presos. Según explicó, las medidas adoptadas por el gobierno de Ecuador han estado dominadas por una lógica de encarcelamiento masivo y represión, en lugar de enfocarse en soluciones a largo plazo: “El sistema penitenciario ha fallado en su deber de rehabilitar a los reclusos, y esto tendrá consecuencias graves para la sociedad ecuatoriana”. Piedra adviertió que, dado que en Ecuador no existe ni la pena de muerte ni la cadena perpetua, todas las personas que actualmente están privadas de libertad algún día volverán a las calles: “Si no se rehabilitan, el ciclo de violencia no se detendrá”, enfatizó.

El estudio también analiza el impacto que la falta de oportunidades educativas y laborales tiene sobre los reclusos, muchos de los cuales entran al sistema carcelario ya inmersos en un ciclo de pobreza y exclusión. Piedra destacó que la interseccionalidad es clave para entender cómo diferentes formas de opresión —como el origen étnico, la falta de educación y el desempleo— se combinan para hacer que ciertos grupos sean más vulnerables a la violencia y al reclutamiento criminal: “Estas personas no solo sufren dentro de las cárceles, sino que muchas veces arrastran una vida de marginación y exclusión desde que nacen”.

Los datos obtenidos por los investigadores, a través de una alianza con la Fundación Milhojas, muestran patrones preocupantes: los reclusos con menos educación y mayor historial de trabajos informales son los que más probablemente terminaron involucrados en delitos graves. La falta de un sistema de rehabilitación adecuado, combinado con el control que ejercen las bandas criminales dentro de los centros penitenciarios, creó un entorno en el que la violencia y el crimen prosperan sin control.

Un aspecto central de la investigación es la crítica al papel del Estado en la gestión de las cárceles. Piedra señaló que, aunque las Fuerzas Armadas han intervenido en los centros penitenciarios desde 2021 para intentar controlar la violencia, esta solución no puede ser permanente: “Las Fuerzas Armadas no están diseñadas para manejar las cárceles. Necesitamos un cuerpo estatal especializado y profesionalizado que se encargue de la rehabilitación y administración penitenciaria”. El Comité contra la Tortura de la ONU, tras conocer las denuncias de ONGs de derechos humanos en Ecuador, ya mostró su preocupación por la situación de los reos en las prisiones de Ecuador. En el país siguen proliferando denuncias sobre malos tratos, imágenes de reclusos en condiciones esqueléticas y casos de enfermedades como tuberculosis y VIH sin tratamiento.