El esfuerzo conjunto de varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos reunió el miércoles a un centenar de manifestantes frente a la embajada de Brasil en Caracas, donde solicitaron al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva que intervenga para liberar a los detenidos durante las protestas postelectorales.
Las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 2.500 personas que protestaban contra Nicolás Maduro, quien había sido proclamado ganador en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La oposición afirmó que el mandatario había perdido frente al ex diplomático Edmundo González, quien recibió una orden de arresto y abandonó el país el pasado fin de semana tras recibir asilo en España.
Las actas de votación recopiladas por voluntarios opositores en más de dos tercios de las máquinas electrónicas indican que González obtuvo la victoria con un margen superior a 2 a 1.
Entre los detenidos se encuentran periodistas, líderes políticos, miembros de la campaña opositora y un abogado que defendía a los manifestantes. Algunos intentaron salir del país pero sus pasaportes venezolanos fueron anulados. Según el grupo de derechos humanos Provea, con sede en Venezuela, otras 24 personas han sido asesinadas en el contexto de las protestas.
Una comisión entregó a los funcionarios de la embajada de Brasil un documento denunciando las precarias condiciones de los detenidos, “a los que se les violentan todos sus derechos humanos, a quienes no se les garantizan las condiciones mínimas de reclusión y se les mantiene en aislamiento”, además de no permitirles recibir visitas de familiares.
Los manifestantes demandaron “la libertad plena y sin condiciones de todos los presos”, declaró a la prensa Diego Casanova, familiar de uno de los detenidos, tras salir de la embajada de Brasil.
Varios gobiernos, entre ellos el de Brasil, todavía no han reconocido el triunfo electoral de Maduro y han solicitado a las autoridades que revelen un desglose completo de los resultados.
Lula da Silva, visto como uno de los aliados de Maduro en la región, ha reiterado públicamente que el presidente venezolano debe presentar las actas electorales que respalden su victoria.
Brasil, Colombia y México han estado impulsando una mediación diplomática para encontrar una solución a la crisis que atraviesa el país sudamericano tras las elecciones. En estos comicios, tanto el organismo electoral como un tribunal confirmaron la victoria de Maduro para un nuevo mandato de seis años.
Diversos organismos y observadores internacionales han cuestionado la independencia e imparcialidad de estas entidades, ya que están integradas por exfuncionarios cercanos al gobierno.
(Con información de AP).
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