La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos condenó este martes el cierre de 1.500 oenegés por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, lo que eleva la cifra de organizaciones, medios y universidades privadas prohibidas en el país a más de 5.000 desde 2022.
Según la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk, este cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil es “profundamente alarmante” y, más aún, en un país que ha visto su espacio cívico “severamente erosionado” en los últimos años.
También se estarían aplicando restricciones indebidas por parte del régimen sandinista a la libertad de religión, algo que se refleja en que aproximadamente la mitad de las ONG recientemente cerradas eran asociaciones de índole religiosa.
“El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua”, indicó la portavoz del organismo de la ONU, Liz Throssell.
Recordó que, de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que aún funcionan, muchas han optado por la autocensura o la disolución en medio de leyes restrictivas que limitan sus actividades.
Ante esta situación, la oficina reiteró su llamamiento a las autoridades nicaragüenses a dejar de imponer restricciones a los espacios cívicos y democráticos del país y a garantizar el respeto a los derechos humanos, de conformidad con sus obligaciones internacionales en esta materia.
Según el Ministerio del Interior de Nicaragua, las 1.500 organizaciones sin fines de lucro clausuradas incumplieron sus obligaciones, pues “no reportaron por periodos de entre 01 hasta 35 años sus estados financieros”.
En la lista de entidades cuyos bienes serán confiscados figuran cientos de asociaciones católicas y evangélicas, además de sociedades o fundaciones benéficas, deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados. También fueron clausuradas organizaciones indígenas y de ex combatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los ‘contras’ en los años 80.
El régimen de Ortega endureció las leyes contra las oenegés tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de las Naciones Unidas.
Ortega, ex guerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y volvió al poder en forma ininterrumpida desde 2007, sostiene que las oenegés y sobre todo la Iglesia católica apoyaron esas protestas, a las que considera como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo, con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad.
(Con información de AFP, EFE y EuropaPress)
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