Con un año de retraso, Bolivia convocó a elecciones de jueces para el 1 de diciembre

Finalmente hay una fecha para la elección de autoridades judiciales en Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral fijó para el 1 de diciembre la votación que fue postergada por un año y que profundizó la crisis institucional que atraviesa el país.

El presidente del organismo electoral, Óscar Hassenteufel, hizo el anuncio este martes por la noche e indicó que se dispone de un presupuesto de 183 millones de bolivianos (cerca de 26 millones de dólares al cambio oficial) para financiar el proceso que dará nuevas autoridades cuyos mandatos arrancan el 2 de enero de 2025.

Bolivia elige por voto a los 26 principales cargos judiciales que dirigen el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental.

Desde el año pasado, cuando debía realizarse la elección de magistrados hubo postergaciones por un tema de fondo en la Asamblea Legislativa Plurinacional: ningún partido cuenta con los dos tercios que se necesitan para aprobar la lista de candidatos o la ley de convocatoria al acto electoral, un requisito que en las dos elecciones anteriores no generó obstáculos por la supremacía del Movimiento Al Socialismo en el ente legislativo.

Cuando finalmente se logró una convocatoria, hubo una seguidilla de recursos judiciales que obligaron a modificar reglamentos y ajustar la normativa para de esa manera postergar indefinidamente la elección.

Ese retraso hizo que las autoridades judiciales -cuya gestión vencía el último día de 2023- se “autoprorrogaran” en sus cargos hasta la elección de nuevos jueces bajo el argumento de que no podían haber acefalías en el poder judicial. La extensión arbitraria de su mandato tuvo el respaldo del Gobierno de Luis Arce, pero abrió el debate sobre la legalidad de sus resoluciones, con las cuales entorpecieron el proceso de elección de nuevos magistrados, limitaron facultades de la Asamblea Legislativa e influyeron en el ordenamiento político nacional, debilitando de esa manera el Estado de Derecho.

“Los ciudadanos ´autoprorrogados´ en el Tribunal Constitucional Plurinacional no tienen competencia alguna, menos para suspender la Asamblea Legislativa, sus actos son nulos por mandato constitucional”, escribió el abogado y expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé en sus redes sociales.

En febrero de este año, tras semanas de protestas propiciadas por Evo Morales por la prórroga de cargos, las elecciones se convocaron para junio. Sin embargo, la preselección de candidatos fue suspendida y el proceso paralizado por falta de acuerdos políticos y más de una treintena de amparos constitucionales.

Las elecciones judiciales son un evento sui generis a nivel mundial. En Bolivia, desde 2009 se implementó la votación popular para elegir a los magistrados de los altos tribunales judiciales. Desde entonces, se han llevado a cabo dos procesos -en 2011 y 2017- a las que el grueso de la población acudió “a ciegas”, en términos de procedimientos, cargos electivos y candidatos, ya que estos están prohibidos de hacer campaña electoral.

Los resultados anteriores son reveladores y pueden insinuar que hay descontento con el sistema de selección o desconocimiento del proceso, en ambas elecciones predominó el voto nulo (42% en 2011 y 50% en 2017).

Aunque hay expectativa por la votación de diciembre, la crisis judicial en Bolivia va más allá de la elección de magistrados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado retardación de los procesos, falta de acceso a la justicia, ausencia de independencia judicial y manejo instrumental en función a los intereses del poder político de turno, entre otros males crónicos que, según académicos, no se resolverán con la elección de nuevos jueces sino con una reforma estructural del sistema.