En medio de la crisis económica e institucional que golpea a Bolivia, el presidente Luis Arce propuso un referendo como vía para lograr respaldo de cara a algunos ajustes necesarios. Sin embargo su propuesta, lejos de destrabar el debate político, está generando rechazo.
En su discurso por el día del aniversario de la Independencia, el presidente sorprendió con el anuncio de un referendo que consultará sobre tres cuestiones: la distribución de escaños parlamentarios, la reelección presidencial -un tema sensible por la posible candidatura de Evo Morales en la elección de 2025- y la continuidad o no de la subvención a los hidrocarburos.
El camino para llegar a este referendo debe sortear una dificultad: la aprobación de 2/3 de una Asamblea Legislativa dividida no solo entre oposición y oficialismo, sino entre las dos bancadas del Movimiento Al Socialismo (“evistas” y “arcistas”), que podrían frustrar los planes del Presidente, a menos que éste recurra a un artilugio legal que le permita actuar por encima de la Constitución Política del Estado.
Pese a que aún no se conoce cuáles son las preguntas que irían en el referendo, dos de los temas abordados requieren modificación constitucional. La primera sobre la distribución de escaños parlamentarios que apunta a ampliar el número de representantes para evitar conflictos regionales cuando se conozcan, en las próximas semanas, los resultados del Censo, con los cuales se presume que algunas regiones perderán escaños. La segunda sobre la reelección presidencial que, tal como está escrito en la ley, no precisa si un presidente puede cumplir dos mandatos y nada más; o cumplir dos mandatos, retirarse uno, y volver a postular. Esta consulta apunta a resolver la controversia sobre la eventual candidatura de Evo Morales, su antiguo mentor y actual rival político, en las elecciones de 2025 y podría poner fin a sus aspiraciones presidenciales.
La tercera consulta trata sobre la eliminación o no de la subvención a los hidrocarburos, que representa uno de los mayores gastos públicos y que se perfila una medida económica ineludible ante la creciente escasez de dólares en el país que deriva, entre otras cosas, en el desabastecimiento de combustibles.
Actores de la oposición han criticado a Arce por llevar estos tres temas al referéndum y lo han instado a asumir la responsabilidad de su cargo. La principal bancada opositora, del expresidente Carlos Mesa, publicó un comunicado en el que califica el referendo como “engañoso” y dice que “posterga decisiones urgentes de manera irresponsable”. En la misma línea, Evo Morales sostuvo en un programa radial que, aunque el pueblo tiene derecho a ser consultado, el tema de los combustibles es administrativo y debería ser resuelto por el Gobierno.
Por su parte, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé escribió en X que “El Órgano Ejecutivo no puede subordinar el cumplimiento de sus competencias a consultas ciudadanas sólo por conveniencia electoral o ausencia de propuestas”.
Pero esos no son los únicos frentes que se le han abierto al presidente. Organizaciones sociales como la Confederación de Gremiales han amenazado con movilizaciones si se toca el precio de los carburantes y el Comité Cívico de Santa Cruz se ha puesto en apronte si se modifica la distribución de escaños.
El Gobierno, a través de la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, sostiene que el objetivo de la consulta es evitar escenarios de violencia alentados por actores políticos y no descarta que sea convocado a través de un decreto supremo, un acto que sería ilegal al tratarse de reformas constitucionales. “No hay que tener miedo a consultar al pueblo (…) nada es más democrático que, justamente, realizar este tipo de consultas al pueblo boliviano”, justificó en televisión nacional.
Para el analista Carlos Saavedra, estos tres temas “patean el tablero político” y modifican el tema de conversación pública en un escenario que era adverso para el Gobierno y le devuelven algo que es importante en política: retomar la iniciativa.
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