
Hasta marzo de 2024, Wilmer Geovanny Chavarria Barre, alias Pipo, estaba muerto. Esa era al menos la afirmación que sostenía la Policía de Ecuador, a pesar de que los informes sobre su supuesto fallecimiento eran contradictorios. Con la revelación de los casos de corrupción Metástasis y Purga, las autoridades comprobaron que alias Pipo, líder de Los Lobos, la banda narcoterrorista más violenta del país, continuaba con vida. Una conversación de Mayra Salazar, la ex relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas, ahora pieza clave en los procesos mencionados, mostró que alias Pipo se esconde en Europa y, desde el otro lado del Atlántico, continúa ordenando los ilícitos en Ecuador.
Con estos antecedentes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció una serie de sanciones para alias Pipo y su grupo criminal: “Esta organización, con miles de miembros, se ha convertido en la mayor de Ecuador y contribuye significativamente a la violencia en el país”, se lee en un comunicado oficial.
Las sanciones impuestas a alias Pipo incluyen el bloqueo de todas sus propiedades e intereses que se encuentren en los Estados Unidos o bajo la posesión o control de personas estadounidenses, la prohibición de todas las transacciones por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de alias Pipo, y el bloqueo de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 % o más por el capo. Todas estas sanciones se extienden a los miembros de la banda narcocriminal.

El Departamento del Tesoro explicó que Los Lobos comenzaron como un grupo de sicarios al servicio de Los Choneros. Desde hace 25 años, Los Choneros son parte de la escena delincuencial del Ecuador. La agrupación criminal, que suma al menos 12.000 miembros, habría perdido hegemonía frente a sus rivales Los Lobos, según el último informe de Insight Crime sobre esta banda.
Tras el asesinato de un líder de Los Choneros en 2020, indica el Departamento del Tesoro, Los Lobos llenaron el vacío de poder, coordinando ataques contra la fragmentada dirigencia de Los Choneros y provocando disturbios en prisiones. La institución estadounidense se refiere al asesinato de alias Rasquiña, que lideraba a Los Choneros y que hizo que la banda no solo trafique drogas sino que se amplíe a actividades como la extorsión, el robo, el tráfico de armas y el sicariato, según información policial.
El informe de la Policía Nacional señala que, pese a haber estado preso, Rasquiña controló las operaciones delictivas de los Choneros, logró reclutar más integrantes y realizar alianzas con nuevos grupos criminales como los Tiguerones de Esmeraldas, los Lobos de Azuay, El Oro y Santo Domingo, y los Chone Killer del cantón Durán. “Todas estas organizaciones rendían cuentas y lealtad a JL o Rasquiña”.
Esas alianzas criminales establecidas por alias Rasquiña mantenían a las bandas en paz. Pero en diciembre de 2020, Rasquiña fue asesinado en un centro comercial de Manta. Este sería el inicio de una guerra entre las agrupaciones criminales que no aceptaron los nuevos liderazgos de Los Choneros.

Cuando Rasquiña murió, Los Choneros quedaron al mando de alias Fito y de Junior Roldán, alias JR. Sin embargo, las cuatro antiguas subestructuras de Los Choneros: Los Chone Killers, Los Lobos, Los Pipos y Los Tiguerones, no se alinearon a Fito y JR. Fue tal la ruptura que incluso se acusó ambos cabecillas de haber atentado contra Rasquiña para quedarse con la agrupación criminal.
Con esa fragmentación, explica la Policía en su estudio, nace la trilogía: Lobos, Tiguerones y Chone Killers. Estos nuevos grupos se aliaron y empezaron a facilitar a los grupos organizados transnacionales un servicio logístico para el narcotráfico: acopio, seguridad y salida de la droga. Esta alianza, explica la Policía, contaba con el financiamiento de Leandro Norero, que fue asesinado en una de las masacres carcelarias del 2022 y que según han revelado los chats de Mayra Salazar, quien ordenó el homicidio de Norero fue alias Pipo.
Los Lobos también han estado involucrados en el tráfico de drogas, asesinatos por encargo, minería ilegal de oro y proporcionan servicios de seguridad para el Cartel Jalisco Nueva Generación de México.
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