Un grupo de diputados de Guatemala denunció a tres fiscales por encabezar un intento de golpe de Estado en 2023

Un grupo de diputados oficialistas denunció este martes a tres fiscales del Ministerio Público de Guatemala por supuestas violaciones a la Constitución Nacional en lo que consideraron un intento de golpe de Estado.

Los fiscales apuntados por los miembros del Movimiento Semilla son Rafael Curruchiche -jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad-, Cinthia Monterroso y Leonor Morales -ambas integrantes de la unidad dirigida por Curruchiche- y se los acusa, específicamente, de intentar anular la victoria de Bernardo Arévalo de León en las elecciones presidenciales del año pasado.

“El Fiscal intentó hacer ver que la voluntad popular expresada en las urnas no valía y que su opinión era más relevante”, sostuvo el diputado Samuel Pérez mientras presentaba el caso ante el Organismo Judicial y aseguraba que los funcionarios actuaron como “golpistas” y “criminales”.

Los tres sujetos señalados protagonizaron, el pasado año, una serie de acciones judiciales que generaron gran polémica en el contexto de las elecciones presidenciales que, ya desde la primera vuelta, daban un resultado favorable para la opción opositora, la de Arévalo de León.

Inclusive, el político acusó a la jefa de la Fiscalía, Consuelo Porras Argueta, de dirigir también un intento de golpe de Estado para impedir su investidura.

Durante 2023, el oficialismo buscó las mil y una formas de dejar fuera de la carrera electoral al Movimiento Semilla con acciones de todo tipo: la suspensión del partido, el allanamiento a sus sedes, la impugnación del resultado y hasta el no reconocimiento de la derrota por parte de la contrincante, ex primera dama, Sandra Torres.

Sin embargo, gracias a la intervención de Estados Unidos, la OEA y otros veedores internacionales, Arévalo de León logró encabezar un proceso de transición democrático que dio paso a su investidura a principio de año.

Ahora, ya en el cargo, el Presidente evalúa qué otras acciones tomar contra estos actores, que ya cuentan con sanciones de más de 40 países.

La víspera, el mandatario dejó abierta la puerta al llamado a una consulta popular para remover a Porras de su cargo, aunque advirtió que “no es una decisión tomada” ya que sigue analizando todas sus opciones porque, según establece la ley guatemalteca, la única forma de remover a un fiscal general es mediante una condena judicial en su contra.

“Sobre la consulta popular, es una opción que estamos considerando, en el marco de las distintas acciones legales que hemos dicho, para lograr liberar al Ministerio Público de la ‘red’ político-económico ilegal que, en este momento, lo tiene controlado”, comentó en relación a la situación que aún persiste en el organismo.

También, a principios de mes, el Gobierno planteó ante la máxima corte de Justicia su inquietud sobre la funcionaria quien, aseguran, carece de honorabilidad por “no estar comprometida en la lucha contra la corrupción” y haber sido parte de “un intento de ruptura del orden constitucional”.

“Acudimos ante esta Corte a presentar la correspondiente opinión consultiva para cuestionar si Consuelo Porras cumple el requisito de honorabilidad que ordena (la Constitución). ¿Puede constituir causa justificada para la revocatoria del nombramiento de fiscal general (...) la pérdida del requisito constitucional de honorabilidad?”, cuestionó el secretario general de la Presidencia, Juan Guerrero, sobre la apelación.

(Con información de AFP y EFE)