
El Gobierno de Ecuador se defendió este martes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) tras la irrupción policial en la Embajada mexicana en Quito, acusando a la administración de Manuel López Obrador de promover la impunidad por haber refugiado al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, acusado de corrupción.
El viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Alejandro Dávalos, argumentó ante el Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington, que México obstaculizó el “funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano” al conceder asilo político a Glas.
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Glas, que fue vicepresidente en el gobierno del ex mandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), es objeto de dos sentencias por asociación ilícita y cohecho y blanco de una orden de captura por el delito de peculado.
Salió de la cárcel por un “habeas corpus” que fue anulado por la Corte Constitucional.
“La embajada mexicana no consideró y desmereció estos aspectos (judiciales) al permitir que el señor Glas permanezca en su recinto, impidiendo el funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano”, sostuvo el vicecanciller de Ecuador, Alejandro Dávalos ante la OEA
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Indicó que el Gobierno ecuatoriano, presidido por Daniel Noboa, intentó en múltiples ocasiones comunicarle a México que Glas era requerido por la Justicia ecuatoriana.

“Esperábamos que México dispusiera la salida de Glas, quien no reunía los requisitos para el asilo y quien de ninguna manera se puede considerar un perseguido político”, subrayó el funcionario ecuatoriano.
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El representante de Ecuador llamó a “la comunidad internacional a revisar y actualizar las normas sobre el asilo diplomático” para erradicar los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado trasnacional, que causa estragos en su país.
Acusó además al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de violentar “el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros Estados” al poner en duda la “legitimidad de las elecciones de 2023 en El Ecuador”.
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El asilo concedido “puede responder a valoraciones de afinidad política más no de naturaleza jurídica y diplomática”, dijo Dávalos en la reunión extraordinaria convocada por su país.
Dávalos aseguró que Ecuador quiere “retomar las relaciones bilaterales” y “superar la situación actual” y llamó a la OEA a “colaborar de forma constructiva” para buscar una solución que satisfaga a ambas partes.
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El pasado viernes, la Policía ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana en Quito para arrestar a Glas, sobre quien pesaba una orden de prisión preventiva por un caso de presunta corrupción.
La decisión del Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador de ofrecer protección a Glas, agregó el viceministro, fue una acción “política”.

La irrupción de policías ecuatorianos en la Embajada mexicana fue criticada por varios Gobiernos latinoamericanos, europeos y por el de Estados Unidos, al considerar que se vulneró la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece que las misiones diplomáticas extranjeras son inviolables.
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El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró este martes ante el Consejo Permanente el rechazo por parte de la organización panamericana a las acciones de Ecuador y señaló que lo sucedido en Quito “no puede quedar como precedente”.
La representante de México ante el organismo, Luz Elena Baños, no participó en la reunión de emergencia de la OEA de este martes, dado que fue convocada por Ecuador.
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Estados Unidos, por su parte, condenó “el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada” de México en Ecuador, tras el reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador por su inicialmente tibia reacción al asalto que lo llevó a romper relaciones con Quito.
El consejero de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, aseguró que “el gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como estado anfitrión de respetar” ese principio y “puso en peligro los fundamentos de las normas y relaciones diplomáticas básicas”.
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“Se puede estar de acuerdo o no con las interpretaciones que se le da a normativa internacional en otros países (...), pero es inaceptable justificar acciones que atentan contra los principios básicos de las reglas que rigen la convivencia pacífica”, criticó la embajadora panameña ante la OEA, María del Carmen Roquebert León.

“Es un precedente funesto”, protestó su colega hondureño, Carlos Roberto Quesada López.
Brasil coincidió. “Hay líneas rojas que no pueden cruzarse en las relaciones entre los Estados”, afirmó su embajador ante la OEA, Benoni Belli.
Este miércoles está prevista otra sesión, esta vez a petición de Colombia y Bolivia, gobiernos cercanos al de López Obrador, para abordar este incidente registrado en la embajada mexicana.
(Con información de EFE y AFP)
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