Trasladaron a una prisión de máxima seguridad a dos ex funcionarios ecuatorianos investigados por integrar una red narco

Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura e investigado en el caso Metástasis, y Pablo Muentes, ex legislador y procesado por el caso Purga, fueron trasladados a la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. A ambos se los investiga por formar parte de una red de delincuencia organizada que manipulaba la justicia para favorecer al asesinado narco Leandro Norero y a sus socios.

Además de Terán y Muentes, a la misma prisión también se trasladó a Carlos Angulo, alias El Invisible, señalado como el criminal que dio la orden desde prisión para asesinar a Fernando Villavicencio; a Julio Velasco, líder de una organización terrorista y a alias El Chino, acusado de asesinar a un policía en Los Ríos. En esa misma prisión también está recluido el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, a quien se lo investiga por tráfico de influencias.

Infobae conoció de manera extraoficial que ya ha sido habilitado el bloque de La Roca que presentó daños luego de que la policía realizara una detonación controlada el pasado septiembre.

Los traslados de Terán y Muentes sucedieron luego de los testimonios anticipados receptados como parte del caso Metástasis, el pasado jueves 28 de marzo. En esa diligencia judicial, Marcelo Lasso, hombre de confianza de Norero; Helive Ángulo, administrador de los bienes de Norero; así como Mayra Salazar, ex relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas testificaron ante el juez Felipe Córdova y dieron detalles de la infliltración del narco en la justicia y en la política ecuatoriana.

Wilman Terán fue juez de la Corte Nacional de Justicia en el momento de los hechos y fue Presidente del Consejo de la Judicatura hasta que fue arrestado por el caso Metástasis. Según la Fiscalía, Terán influía en las decisiones de los magistrados nacionales en caso de presentarse un habeas corpus a favor del hermano de Leandro Norero. Terán fue el funcionario judicial de más alto rango detenido en el megaoperativo realizado el 14 de diciembre pasado, cuando aún fungía como presidente de la Judicatura, pero renunció pocos días después al cargo.

Pablo Muentes fue diputado en el congreso que fue disuelto durante el gobierno del ex presidente Guillermo Lasso. El ex legislador es uno de los principales sospechosos del caso Purga, que según el Ministerio Público muestra los nexos del narco, la justicia y la política legislativa. Muentes pertenece al partido Social Cristiano y fue uno de los legisladores denunciados por Villavicencio de planear un sicariato en su contra.

En su testimonio anticipado, Salazar contó que Pablo Muentes pagaba su salario de USD 2.500. Ella cobraba los pagos en la casa de Muentes, en un sector exclusivo de Guayaquil conocido como Isla Mocolí. Tras dos meses trabajando en la Corte Provincial del Guayas, Salazar contó que recibió un nombramiento que ella no firmó y que fue tramitado por Pablo Muentes ante Wilman Terán, entonces presidente del Consejo de la Judicatura. Muentes “manejaba a los vocales del Consejo de la Judicatura”, dijo Salazar.

Muentes utilizaba su poder político a su favor dentro de la Corte Provincial del Guayas. Eso le habría permitido obtener una sentencia favorable e impensable en un juicio que inició el Banco del Pacífico en contra del ex legislador y de su esposa, también detenida en el caso Purga. Muentes y su esposa fueron demandados por no cancelar una deuda de USD 383.000 con el mencionado banco. En respuesta, el matrimonio interpuso una acción de habeas data y pretendieron “justificar su presunto pago de las referidas deudas con la utilización de notas de crédito aparentemente falsas o adulteradas, bajo la intención de que el banco reconozca la cancelación de la deuda”. En un giro sorprendente, el matrimonio no solo logró no cancelar la deuda sino que el juez dispuso al Banco que pague USD 4 millones por los daños causados a Muentes y a su esposa.

El juez que conoció la causa del matrimonio y falló a su favor también está detenido como parte del caso.

Mayra Salazar dijo que le encargaron gestionar el habeas data que Pablo Muentes presentó sobre la deuda del Banco del Pacífico. La mujer aseguró que los comprobantes presentados por el político fueron falsificados y que manipularon la justicia a su favor. En su relato, Salazar contó que aprendió, junto a una funcionaria, cuál era la frecuencia de sorteos de las salas en la Corte del Guayas. Cuando supieron cómo funcionaba, ingresaron el caso de la deuda de Muentes para que cayera en la sala que requerían.

Como el asesinado político Fernando Villavicencio dijo de Pablo Muentes, este traficaba con tierras a través de su primo, de acuerdo con el testimonio de Mayra Salazar. El primo de Muentes tenía “tres cédulas y dos licencias” que servían para esos trámites. “Yo no sé si el señor Fernando Villavicencio obtuvo la misma información que yo he conocido (de Pablo Muentes)... Tal vez ahí encontremos la motivación (del asesinato)”, dijo. Salazar aprovechó ese momento de su testimonio y responsabilizó a Pablo Muentes en caso de que atenten en su contra.