El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León presentó este jueves una denuncia penal y una solicitud de antejuicio contra la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, por el presunto delito de “incumplimiento de deberes”.
Además, Arévalo impulsó un pedido de retiro de inmunidad por no atender una solicitud del Ejecutivo para que responda dudas sobre la política del Ministerio Público en materia de derechos humanos.
“Esta querella se genera ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo el presidente de la república (la cual por ley está obligada a atender) para participar en la junta de gabinete del pasado 29 de enero” para coordinar políticas de Estado sobre la lucha contra la corrupción y la garantía del respeto de los derechos humanos, dijo Saavedra a periodistas tras presentar la solicitud en los tribunales.
En tanto, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia aseguran que la fiscal general violentó la ley al negarse a reunirse con Arévalo de León el pasado 29 de enero en una junta de gabinete, donde esperaban coordinar políticas conjuntas.
Porras Argueta ha sido señalada internacionalmente de intentar impedir la investidura de Arévalo de León del 14 de enero pasado con una serie de acciones judiciales tras su victoria electoral del 20 de agosto de 2023.
De acuerdo con el procurador general de la nación, Julio Saavedra, la fiscal general incurrió en una “conducta delictiva” porque la ley la obliga a asistir a las juntas de gabinete a las que sea citada por el presidente.
“La fiscal incumplió sus funciones y por instrucciones del presidente he presentado una solicitud de antejuicio”, agregó Saavedra a medios de comunicación en el Organismo Judicial de la capital guatemalteca.
Porras Argueta se presentó a la reunión del 29 de enero pero se retiró antes de iniciar argumentando que no era la forma legal de sostener una reunión con el presidente y posteriormente lo invitó a reunirse en las instalaciones del Ministerio Público (Fiscalía).
El Gobierno de Arévalo de León espera que los tribunales ordenen el nombramiento de un fiscal especial para investigar las implicaciones de la actitud de Porras Argueta.
El Ministerio de Gobernación (Interior) ha sostenido últimamente reuniones con la fiscal Porras Argueta para coordinar acciones en materia de seguridad.
En las últimas semanas, la presión sobre el Gobierno de Arévalo de León se ha incrementado debido a que diversos sectores de la población exigen que se tomen acciones para conseguir la dimisión de la fiscal general.
La fiscal general y la cúpula del Ministerio Público se encuentran sancionados por los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE) por considerar que sus acciones contra la victoria electoral de Arévalo de León atentaron contra la democracia del país centroamericano.
Arévalo de León atravesó serias dificultades para ser investido como presidente debido a que el Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, intentó truncar su triunfo en las urnas con diversos casos penales en contra de su persona y de su partido político, el Movimiento Semilla.
En agosto de 2023, el juez Freddy Orellana, también sancionado por Estados Unidos, ordenó la suspensión del Movimiento Semilla a petición de la Fiscalía por supuestas anomalías en el proceso de creación de la agrupación en 2018.
El intento de cancelación del partido fue parte de las medidas que la Fiscalía adoptó para intentar detener la investidura de Arévalo de León.
Durante el proceso de transición, Arévalo de León acusó directamente a Porras Argueta de intentar un “golpe de Estado” en su contra y días antes de asumir la Presidencia aseguró que le pediría la renuncia. Sin embargo, la fiscal se negó a dimitir.
(Con información de EFE)
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