Ecuador: existe una posible infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial, según Transparencia Internacional

(Desde Quito, Ecuador) - La coalición global anticorrupción Transparencia Internacional (TI) ha informado sobre su preocupación ante la posible infiltración del crimen organizado en las instituciones del sistema judicial ecuatoriano. El último índice de percepción de la corrupción 2023 para las Américas reveló los desafíos del poder judicial en la región. Según la organización: “La falta de independencia del Poder Judicial favorece la impunidad de los poderosos y corruptos”.

El Índice, explica TI, asigna una puntuación a 180 países del mundo “según las percepciones sobre el nivel de corrupción que existe en el sector público”. Para ello utilizan los datos de 13 fuentes externas como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgos, grupos de especialistas y otras fuentes: “Las puntuaciones reflejan las perspectivas expresadas por especialistas y actores del ámbito empresarial, pero no del público en general”, indica. Las puntuaciones están en un rango de 0 (muy corrupto) a 100 (nada corrupto). Ecuador se posicionó en el puesto 34, dos escalones por debajo del año anterior. Al referirse al caso ecuatoriano, el informe concluyó que “Ecuador atraviesa una grave crisis de violencia y deterioro de la confianza en las instituciones públicas”.

A mediados de diciembre de 2023, el megaoperativo del caso Metástasis, que permitió la detención de 31 personas entre funcionarios, ex servidores públicos, abogados, jueces y autoridades, como el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, develó una estructura criminal de corrupción en el sistema judicial para favorecer al narco asesinado Leandro Norero y sus socios. Esta investigación ha sido calificada por el Ministerio Público como la “más grande de la historia en contra de la corrupción y el narcotráfico”.

En ese escenario de poca transparencia e integridad “los pronunciamientos cuestionables por parte de determinados jueces a favor de actores criminales sugieren una posible infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial”, indica Transparencia Internacional.

Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de Transparencia Internacional, sobre los contenidos del informe ha expresado que: “Los países de la región deben esforzarse por tener poderes judiciales independientes para garantizar la rendición de cuentas y la justicia. No hacerlo erosiona los cimientos de la democracia y el estado de derecho. El debilitamiento continuo de los pesos y contrapesos sólo fomentará la impunidad de los corruptos y las elites, en detrimento de las personas y del bienestar colectivo”.

En su ranking, TI ha destacado los casos de Canadá (76) y Uruguay (73) cuentan con sistemas más sólidos de pesos y contrapesos. Mientras que Venezuela (13), Haití (17) y Nicaragua (17) presentan los puntajes más bajos de la región, con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de independencia del Poder Judicial.

Sobre la percepción de corrupción y justicia, TI señala que existe una “sensación generalizada de impunidad y de la incapacidad de jueces y fiscales de actuar con imparcialidad y garantizar juicios justos e igualdad ante la ley afectan de manera significativa la confianza pública en el Poder Judicial en las Américas. Esta percepción a menudo desalienta las denuncias, ya que la institución se percibe como corrupta, poco confiable e insegura”. A pesar de aquello, en el continente Chile (66) destaca por la “fortaleza de sus instituciones democráticas y altos niveles de transparencia”, según el informe.

Daniel Eriksson, director ejecutivo de Transparencia Internacional, en referencia a esa percepción regional ha manifestado que: “La corrupción agrava la injusticia social y afecta en forma desproporcionada a los más vulnerables. En muchos países, sigue habiendo obstáculos que se interponen a que las víctimas de corrupción puedan obtener justicia. Ha llegado el momento de eliminar los obstáculos y asegurar que las personas puedan tener acceso efectivo a la justicia. Todas las personas merecen que haya sistemas legales justos e inclusivos donde las voces de las víctimas se escuchen en cada instancia. Cualquier otra posibilidad será una afrenta a la justicia”.