Chile: la Contraloría citó a declarar a la mitad del gabinete de Gabriel Boric por las reuniones secretas en casa de un lobbista

(Desde Santiago, Chile) La Contraloría General de la República ofició a seis ministros del gabinete de Gabriel Boric - entre ellos la titular de Interior, Carolina Tohá -, para dar explicaciones por la serie de reuniones secretas que sostuvieron junto a empresarios y políticos de todos los colores, en el domicilio del exalcalde de La Florida y Santiago, venido en lobbista, Pablo Zalaquett (UDI).

Se trata de los ministros de Agricultura, Esteban Valenzuela; de Economía, Nicolás Grau; de Medio Ambiente, Maisa Rojas; de Trabajo, Jeannette Jara; de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; y de Interior, Carolina Tohá.

Cabe destacar que los secretarios de Estado tienen un plazo de diez días hábiles para responder al oficio, tras lo cual el ente fiscalizador evaluará los pasos a seguir, según consigna un nota de radio Cooperativa.

Mientras tanto, siguen sumándose nombres a la lista de asistentes a las reuniones secretas. Este martes, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, reconoció haber participado de algunas reuniones, sin embargo, lo hizo cuando aún era senador y no como integrante del gabinete de gobierno, gracias a lo cual no fue oficiado por la Contraloría.

Vigente desde 2014, la Ley de Lobby obliga a registrar las reuniones y audiencias solicitadas por lobbistas y gestores de intereses particulares que tengan como finalidad influir en una decisión pública, y establece que, en el caso de las autoridades de Gobierno, la Contraloría tiene la facultad para verificar el cumplimiento de la norma.

Durante la jornada de este martes, diversos rumores apuntaron a la hoy contralora subrogante, Dorothy Pérez, quien también habría sido parte de reuniones en casa de Zalaquett. Sin embargo, la jefa del ente fiscalizador salió al paso de las murmuraciones:

“No, lo descarto completamente, no solo no he ido, sino que tampoco conozco a la persona (Zalaquett), ni a los invitados tampoco. Respecto de lo que se ha preguntado y algunos medios de comunicación han señalado, puedo decir tajantemente que no he concurrido”, señaló Pérez.

Comisión de Ética indaga a parlamentarios

Pero los miembros del gabinete de Gabriel Boric no son los únicos complicados con el destape de estas reuniones secretas, pues a ellas también asistieron parlamentarios de todas las colectividades políticas. Debido a ello, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados abrió un expediente para investigar a los legisladores involucrados.

Se trata de los DC Alberto Undurraga y Eric Aedo, el UDI Guillermo Ramírez, el Evópoli Francisco Undurraga y el socialista Juan Santana, quien afronta una acusación extra, pues asistió a dichas citas en su calidad de presidente de la Comisión de Trabajo y conversó con representantes de la Asociación de Fondos de Pensiones (AFP), por lo que podría afrontar un intento de destitución por parte de la oposición.

Otros que reconocieron haber asistido a reuniones en la casa de Zalaquett fueron la senadora Paulina Vodanovic (PS), quien señaló haberlo hecho como timonel del PS cuando aún no llegaba al Senado, y el senador Rodrigo Galilea, presidente de RN, quien acusó que se está gestando una “caza de brujas bastante insensata” a raíz de las repercusiones.

Nelson Venegas (PS), miembro de la Comisión, afirmó que “estamos mandatados por la ley para hacernos cargo, no solo por ser miembros de la comisión, no solo por el reglamento de Ética, sino porque la propia ley 20.730 (de Lobby) es aquella que nos ordena esta situación”.

“Además, como Comisión de Ética, tratamos de analizarlo en profundidad y vamos a investigar este tipo de situaciones porque consideramos que son cuestiones que, de una u otra manera, atentan contra la fe pública respecto del actuar del Congreso. Nosotros consideramos que el Congreso y la política hoy día no gozan de buena salud y, por lo tanto, tenemos que generar las condiciones para tratar de analizar este tipo de situaciones”, sostuvo.

Los diputados arriesgan sanciones que corresponden a multas de entre 646 mil a 1,9 millones de pesos (USD 700 a USD 2.000).