La dictadura de Cuba hizo pública este jueves su “lista nacional de terroristas”, en la que incluye a activistas radicados en el exterior, líderes históricos del exilio e influencers, como Álex Otaola, Paparazzi Cubano y Ultrack, por “promover la agresión armada contra” la isla.
En una inusual versión extraordinaria de la Gaceta Oficial, y que cuya resolución data del 2 de noviembre pasado, el Ministerio del Interior (Minint) informó sobre el listado, en el que aparecen 61 personas y 19 organizaciones, afincadas en su mayoría en el extranjero.
De acuerdo con la publicación, todos han sido sometidos “a investigaciones penales y se encuentran buscados por las autoridades cubanas” por su implicación en la “promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión” de actos terroristas.
El régimen cubano fundamentó la inclusión de estas entidades y personas en una resolución del año 2001 del Consejo de Seguridad de la ONU y en su Código Penal, aprobado en 2022 y fuertemente criticado por ONGs y disidentes.
En el listado aparece un amplio abanico de nombres que va desde personas investigadas por las explosiones de hoteles y centros turísticos en Cuba en los años 90 del siglo pasado, como Guillermo Novo Sampoll, Pedro Ramón Crispín Rodríguez y José Francisco Hernández Calvo, hasta líderes políticos históricos del exilio en Miami, como Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
También está incluido Ramón Saúl Sánchez, dirigente del Movimiento Democracia, a quien un juez ratificó el pasado julio su permanencia en EEUU, país al que llegó hace 57 años con el estatus de refugiado.
Por otro lado, el régimen cubano consideró como terroristas al conocido youtuber Álex Otaola, afincado en Miami, y a un puñado de influencers como Ultrack y Paparazzi cubano, una de las primeras personalidades de internet en difundir la historia de los insulares reclutados como mercenarios por Rusia en la invasión a Ucrania.
A ellos se les acusa desde 2021, año de las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio (11J), por “incitar a la realización de acciones que afectan el orden social en Cuba, mediante actos violentos contra funcionarios públicos y el normal funcionamiento de entidades socioeconómicas; así como promover la agresión armada” contra la isla.
En un artículo del 2 de diciembre, el periódico Granma (órgano de comunicación del Partido Comunista, único legal en el país) alertó de un supuesto plan de las “agencias de inteligencia de Estados Unidos” para preparar “un fin de año violento” en el país con el fin de “generar un estallido social que contribuya a subvertir el orden sociopolítico para destruir, de una vez, la revolución”.
El diario incluyó como parte de ese plan a Orlando Gutiérrez Boronat y Manuel Milanés, ambos en esta lista terrorista.
Entre las 19 organizaciones en el documento destacan algunas como Hermanos al Rescate, Alpha 66 y Asamblea de la Resistencia.
El pasado 30 de noviembre Estados Unidos decidió mantener un año más a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El país caribeño calificó el informe del Departamento de Estado con el que se fundamentó esa decisión como una “referencia calumniosa”.
La organización Cubalex, con sede en EEUU, aseguró en un análisis que con esta publicación, Cuba intenta atribuir a Washington “la responsabilidad de impulsar acciones perjudiciales para la seguridad nacional” de la isla y actividades “consideradas como amenazas por promover acciones hostiles contra el Gobierno”.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó este viernes la “designación e identificación” de activistas, opositores, influencers y organizaciones de exiliados en la “Lista Nacional” de “personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo”, tal y como aparece en la Resolución 19/2023 del Ministerio del Interior, publicada en la Gaceta Oficial este 7 de diciembre, en una edición extraordinaria.
“Vemos con preocupación que el régimen cubano intenta presentar como terroristas a personas y entidades, simplemente por hacer uso estas de su libertad de expresión. Que un gobierno con un probado historial de violaciones a los derechos humanos, represión a sus ciudadanos, y ejercicio de la violencia e injerencia exteriores, equipare la protesta pacífica y el derecho a la libre expresión con el terrorismo, es un ejercicio de cinismo que debe ser denunciado”, afirmó el OCDH.
(Con información de EFE)
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