La Fiscalía de Guatemala pidió que se retire la inmunidad al presidente electo Bernardo Arévalo

La Fiscalía de Guatemala abrió este jueves un nuevo capítulo en su persecución contra el presidente electo Bernardo Arévalo al solicitar a la Justicia que le retire a él, a la vicepresidenta entrante Karin Herrera y a seis legisladores del Movimiento Semilla la inmunidad que les corresponde por ocupar sus respectivos cargos.

El fiscal Ángel Saúl Sánchez fue el encargado de realizar la solicitud en el marco de una investigación por el supuesto aliento de los gobernantes electos a la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 2022. Puntualmente, los acusados están señalados de usurpación agravada en forma continuada, sedición en forma continuada, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Tras lanzar el pedido, la Justicia avanzó con allanamientos en varias viviendas de estudiantes universitarios miembros del partido, un periodista y un ex procurador de Derechos Humanos.

La activista de Semilla y ex candidata Marcela Blanco denunció que las autoridades se habían presentado en su casa y la estaban amedrentando. “Soy ciudadana, soy pueblo y me están haciendo esto por hablar en contra de la corrupción, les pido su apoyo”, sostuvo antes de ser detenida.

También, el catedrático universitario Roberto Chang fue detenido por denunciar la corrupción. “Soy un hombre honesto y trabajador”, se defendió ante la prensa.

La Fiscalía se vale, entre otros, de un mensaje publicado en X por Arévalo en aquel entonces en el que dio “gracias a todos quienes con fe en el futuro y confianza en su corazón depositaron en nosotros su voto de confianza, no les vamos a fallar”.

Esta investigación comenzó meses atrás, cuando varios de los implicados ya gozaban de su inmunidad, y se remonta a los hechos que se desarrollaron la primera mitad de 2022 cuando estudiantes de la Universidad -la única pública en el país- tomaron el edificio en respuesta a la elección fraudulenta del rector Walter Mazariegos.

Según denunciaron entonces los alumnos, al momento de celebrarse los comicios, Mazariegos sólo permitió ingresar al sitio a aquellos electores que votarían por él.

Estas acciones le costaron una sanción del Departamento de Estado estadounidense, por “socavar los procesos e instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública tras un proceso de selección fraudulento”.

Como era de esperarse, al asumir el rol, Mazariegos se alineó con el presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras, también sancionada por Washington por socavar la democracia y obstruir la lucha anticorrupción.

Tras conocerse esta reciente acción de la Fiscalía, Arévalo escribió en sus redes sociales que “las acciones del MP contra miembros del Movimiento Semilla son espurias e inaceptables”. “Exigimos respeto a la seguridad e integridad… de cualquier integrante del partido sometido a estos abusos, estaremos tomando las medidas para protegerlos y apoyarlos”, agregó.

Desde que se conoció su victoria en la segunda vuelta electoral de agosto, Arévalo denuncia reiteradamente al oficialismo por llevar a cabo un golpe de Estado para evitar su toma de posesión el próximo enero.

Es por ello que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una resolución en la que llamó a los tres poderes guatemaltecos a respaldar la voluntad popular y acusó al Ejecutivo de buscar “impedir una transición política del poder”.

Estados Unidos se sumó a estos señalamientos y manifestó mediante el jefe de la diplomacia para América Latina, Brian Nichols, que el país “condena los intentos para impedir que el Presidente electo tome posesión. Los resultados oficializados por el Tribunal son inalterables”.

(Con información de AFP y AP)