La emergencia de seguridad en Río de Janeiro lleva al gobierno a desplegar el ejército pero falta un plan para derrotar al crimen organizado

A finales de octubre los enfrentamientos entre las milicias del narcotráfico y la policía alcanzaron niveles extremadamente peligrosos en Río de Janeiro. En un solo día se quemaron 35 autobuses, aterrorizando a la población y agitando a los políticos, por no hablar de los daños económicos. Con los autobuses también se esfumó su valor, unos 35 millones de reales, poco más de 7 millones de dólares. Detrás de esta actuación terrorista, según la prensa brasileña, están el poder y la violencia de una de las milicias más antiguas de Río de Janeiro, los Braga.

Las milicias brasileñas son grupos de tipo paramilitar formados por antiguos miembros de las fuerzas de seguridad que se unieron al principio para defender el territorio de los narcotraficantes y luego se asimilaron a ellos, repartiéndose juntos el floreciente mercado de la droga de Río y el control del territorio, con extorsiones y monopolios de ciertos comercios como el de las garrafas de gas. Los Braga, unidos por lazos familiares, llevan más de una década en el poder, aunque sus abogados niegan cualquier implicación en la criminalidad.

Según las investigaciones fue uno de sus miembros, actualmente prófugo, Luís Antônio da Silva Braga, alias Zinho, quien dio la orden de incendiar los autobuses. Al parecer, lo hizo para vengar la muerte de su sobrino, Matheus Rezende, alias Faustão, en una acción policial. “El mensaje de Zinho es claro. Está diciendo que él manda aquí, en toda esta zona, en toda esta extensión urbana”, explicó el sociólogo José Cláudio Souza. En un análisis muy lúcido, Elena Landau escribió en el diario O Estado de São Paulo que “la ausencia del estado en Río de Janeiro es absoluta. Los servicios básicos son ‘ofrecidos’ por la milicia. El ejecutivo no garantiza la seguridad y el judicial pone en la calle a los que tienen dinero para aprovecharse de los beneficios que garantiza el legislativo. Un régimen de progresión de penas sin sentido permite a los líderes de las facciones y a los milicianos disfrutar de arresto domiciliario. Desaparecen en el polvo de la historia”.

En el primer semestre de 2023 se registraron 1.941 homicidios en Río de Janeiro, lo que supone un aumento de casi el 9% en comparación con el mismo periodo del año anterior (1.782). Estas cifras, unidas a la escalada de violencia de los últimos días, han obligado al gobierno a intervenir. Y a pesar de que Lula no tiene intención de recrear el ministerio de Seguridad de la era Bolsonaro, el presidente brasileño se vio obligado por los acontecimientos a presentar el miércoles un nuevo plan de emergencia tras el plan de seguridad nacional anunciado hace poco menos de un mes. El primero de noviembre, él y su ministro de Justicia, Flávio Dino, anunciaron al país una operación de la llamada GLO, es decir la Garantía de la Ley y el Orden. Se trata de una misión militar que sólo puede ser operada por orden directa del presidente de la república debido a que también es el jefe de las Fuerzas Armadas. Pocos días antes, el 27 de octubre, Lula había declarado que no quería a las Fuerzas Armadas “en las favelas luchando con los bandidos. Ése no es el papel de las Fuerzas Armadas y, mientras yo sea presidente, no habrá GLOs”, había dicho.

En su lugar, 3700 militares pasarán a engrosar las filas de la policía en lo que el gobierno considera focos estratégicos para el crimen organizado, es decir, puertos y aeropuertos, por los que cada año pasan toneladas de cocaína y miles de armas. La medida responde a la demanda directa del gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, y estará vigente hasta mayo de 2024, con posibilidad de prórroga si la situación lo requiere. Los militares, que tendrán funciones policiales, como la de poder registrar a las personas, se desplegarán principalmente en los puertos de Río, de Itaguaí en el estado de Río de Janeiro, de Santos y en las fronteras. También se reforzará la seguridad en los aeropuertos de Galeão, en Río, y Guarulhos, en San Pablo. Los expertos en seguridad tienen muchas dudas. Por ejemplo, el aeropuerto de Guarulhos ha estado recientemente en el centro de intercambios de maletas llenas de cocaína de viajeros desprevenidos que luego acababan en la cárcel en el extranjero. Se descubrió así que el principal grupo criminal del país, el Primer Comando de la Capital, el PCC, gracias a sus empleados cómplices, tenía acceso a la zona de vuelos nacionales del aeropuerto, donde hasta el pasado mes de marzo los equipajes sólo eran sometidos a controles aleatorios. ¿Cuál podría ser el impacto militar en una situación de este tipo que requiere grandes esfuerzos de inteligencia e investigación?

“La situación se ha vuelto muy grave y estamos tomando una decisión para que el gobierno federal participe activamente, con todo el potencial que tiene, en ayudar a los gobiernos estatales y al propio Brasil a deshacerse del crimen organizado”, dijo Lula durante el anuncio oficial de la GLO. En el acto de presentación también se anunció el Comité Integrado de Investigaciones Financieras y Recuperación de Activos (Cifra), un grupo de trabajo entre los gobiernos central y de Río de Janeiro para investigar los delitos financieros y el blanqueo de dinero. Participan en el grupo la Policía Civil carioca, fiscales y auditores de la Secretaría de Economía del Estado de Río, la Policía Federal y la Policía de Carreteras.

Para Fabrício Rabelo, especialista en seguridad pública y director del Centro de Investigación sobre Derecho y Seguridad (CEPEDES), “asfixiar financieramente a las grandes organizaciones criminales es esencial para debilitarlas. Esta debe ser una acción permanente para combatir el crimen, precisamente lo que falta en la cartera de Seguridad Pública”, dijo. Precisó a continuación que “hay que entender, sin embargo, cómo funcionará este comité. Su eficacia debe estar vinculada a un modelo de integración con los sectores de inteligencia de la policía en todos los niveles, con el fin de rastrear la ruta del dinero que financia las facciones. Sin esto, incluso la acción sólo tendrá un efecto mediático”.

Sin embargo, la sección sobre control territorial está ausente en la GLO recién presentada. En 2020, en el apogeo de la pandemia, el Supremo Tribunal Federal (STF) había decidido suspender las operaciones policiales dentro de las favelas de Río de Janeiro con la llamada ‘Acción por Incumplimiento del Precepto Fundamental 635′, que se conoció como el ADPF Favelas. Una decisión que todavía pesa hoy en día, con la policía que de hecho no puede entrar en las comunidades pobres de Río, las operaciones sólo se llevan a cabo en casos de emergencia. En 2022, el STF solicitó al estado de Río un plan de acción para reducir la letalidad policial y las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. El STF también ordenó limitar los registros e incautaciones en los domicilios de los habitantes de las favelas.

Las fuerzas de seguridad han perdido así presencia en el territorio, cuyo control es una de las formas del poder criminal de las facciones, con un fuerte impacto en la vida de la población. Un duro editorial del diario O Estado de São Paulo afirma que “utilizar a los militares para combatir el crimen organizado es una respuesta amateur y totalmente poco profesional. La GLO de Lula es una demostración perfecta de por qué la situación de la seguridad pública del país está donde está. Nadie quiere resolver las causas del problema. Nadie quiere mirar más allá de sus intereses políticos inmediatos. Todo es una gran farsa, como se desprende también del propio periodo de vigencia de la GLO: del 6 de noviembre de 2023 al 3 de mayo de 2024. ¿La lucha contra el crimen organizado dura seis meses? ¿Es así como el gobierno federal ve la gravedad del problema: algo que puede abordarse con un grupo de trabajo de seis meses en tres puertos y dos aeropuertos?”.

El problema del crimen organizado en Brasil afecta, por ejemplo, a muchos otros puertos del país con casos emblemáticos como el puerto de Pecém, en el estado de Ceará, al noreste del país, del que el puerto de Rotterdam compró el 30% en 2018. Se trata de la única Zona Franca de Exportación de Brasil, lo que significa que las empresas que exportan a través de este hub pueden disfrutar de importantes exenciones fiscales. Pecém es el contrapunto a la Zona Franca de Manaos, en el Amazonas, que ofrece grandes facilidades para las importaciones y se ha convertido desde hace tiempo en un hub de ensamblaje y producción de tecnología. Son centros vitales para la economía de un país y deben ser defendidos y valorados. Sin embargo, en ausencia de controles y debido a la corrupción, pueden convertirse en centros explotados por la delincuencia para sus actividades ilícitas. El estado de Amazonas ya se ha convertido en uno, desde aquí entra gran parte de la cocaína colombiana, boliviana y peruana, mientras que la ruta facilitada a Holanda desde Ceará preocupa a los expertos, dado que el país europeo es, a través de sus puertos, el ingreso de entrada del narcotráfico desde Latinoamérica, además de plataforma para la producción y envío de drogas sintéticas y precursores químicos a Latinoamérica. En 2019, las autoridades brasileñas incautaron más de 600 kg de cocaína en el puerto de Pecém ocultos en contenedores de fruta y con destino al puerto de Rotterdam.

En su último informe titulado “Los paraísos de los traficantes: las crecientes amenazas de los centros de comercio ilícito para la seguridad y el desarrollo sostenible” David Luna, uno de los más reconocidos expertos mundiales en economías ilícitas y Director Ejecutivo de la Coalición Internacional contra las Economías Ilícitas (ICAIE) aborda precisamente esta cuestión. “Aunque las zonas francas en toda América Latina y también en Brasil han contribuido a aumentar el comercio, el desarrollo económico y la prosperidad de los países”, explica Luna a Infoabe, “muchas siguen siendo vulnerables a la penetración en el mercado de criminales que las explotan para sus operaciones ilícitas, como el tráfico y contrabando de drogas, la falsificación, las armas y para blanquear dinero”.

En definitiva, Brasil no es el único que tiene este problema, de hecho los barcos que salen de sus puertos, en el caso del tráfico ilícito, luego se aprovechan de toda la red latinoamericana. Luna explica que “entre las zonas francas en riesgo en la región, caracterizadas por la alta criminalidad y corrupción, se encuentran la Zona Libre de Colón en Panamá, el puerto libre de Isla Margarita en Venezuela, la Zona Aduanera Especial de Maicao en Colombia, la Zona Franca de Ciudad del Este en Paraguay y la Zona Franca de Corozal en Belice”.

Y Brasil también es crucial por su papel en la Triple Frontera, donde limita con Argentina y Paraguay y en la que la GLO no prevé reforzar los controles. Sin embargo, como explica Luna a Infobae, “la zona de la Triple Frontera de América del Sur sigue siendo uno de los principales centros de convergencia del mundo para el comercio ilícito de funcionarios corruptos, delincuentes, lavadores de dinero e incluso grupos terroristas como Hamas y Hezbollah”.