Grupos de narcos incendiarios de bosques impiden a balazos el paso de los bomberos que iban a controlar los incendios en los parques nacionales, donde ellos tienen sus cocales.
Finalmente, bomberos de Santa Cruz, acompañados por ciudadanos voluntarios, pero no por la policía, que se negó a custodiarlos, encontraron que en el parque Choré existen 2.000 hectáreas de cultivos de coca.
La ley sobre los parques nacionales dice que esos territorios deben ser protegidos por el ejército, pero los narcos han conseguido establecerse en ellos, incendiar los bosques, y preparar la tierra para cultivar coca.
La idea, dice el economista Carlos Chalup, es crear un Chapare en cada uno de los parques nacionales, con el respaldo político y estratégico del ejército de cocaleros que responde a Evo Morales.
Desde que comenzó el gobierno del cocalero Morales toda la región amazónica está en riesgo porque es apetecida por el plan de extender los cocales, sobre todo en Santa Cruz, donde está la frontera sur con Brasil, que comunica con las ciudades de mayor consumo de cocaína de las Américas.
Paula Weber, secretaria de seguridad ciudadana de la gobernación, dijo: “Santa Cruz es una tierra de nadie, hemos visto otros ejemplos, en otras circunstancias, como los grupos irregulares de Las Londras, que han avasallado y secuestrado a policías y periodistas, y nadie sabe dónde están. El Gobierno debe actuar en el marco de la ley, el modelo de distribución de tierra se debe modificar. Se ha perdido la institucionalidad, el Gobierno deberá hacer un análisis sincero y trabajar con medidas técnicas”.
Son tantos los incendios de bosques de los parques próximos a Santa Cruz, como Choré y Amboró, que la humareda ha obligado a que se suspendan las actividades escolares en la ciudad.
Otros incendios de parques nacionales han llevado el humo hasta la ciudad de La Paz, donde también se han suspendido las actividades escolares, mientras el parque Madidi, en el norte de ese departamento, está en llamas y atacado por mineros ilegales, a tal punto que el gobierno anuncia que pedirá la ayuda de las autoridades de Perú.
El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que son los guardaparques los culpables de no haber informado sobre la existencia de plantaciones de coca en los parques. La directora del parque Amboró dijo que hay solamente once guardaparques para controlar 637.600 hectáreas, lo que le parece insuficiente, sobre todo si no existe apoyo ni de la policía ni del ejército.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció que los narcos están incendiando el país y pidió asistir a una reunión de las autonomías, pero el gobierno se opuso a que saliera de la cárcel donde se encuentra desde hace un año, a pesar de que un juez le había autorizado a asistir.
En una carta pública, Camacho criticó que la reunión se hubiera hecho en La Paz: “Es absurdo creer que una reunión a más de 1.000 kilómetros de distancia del epicentro de los incendios en el país vaya a resolver esta crisis medioambiental”.
En este caso, las autoridades penitenciarias se negaron a cumplir una orden de un juez, pero en realidad se sabe que Morales sigue ejerciendo su dictadura a pesar de haber dejado de ser presidente, gracias a que sigue manejando a los jueces que tienen a su cargo los casos relacionados con su enfermizo plan de venganza por su derrota política en 2019.
Según Greenpeace, Bolivia es en este momento el segundo país del mundo con más incendios activos, que suman 1.039, y en los últimos dos años fueron consumidos por las llamas un total de dos millones de hectáreas. Australia tiene 5.784 incendios, Bolivia 1.039 y Brasil 1.013.
En este momento, es el departamento amazónico de Beni el que registra el mayor número de incendios, 541, y Santa Cruz tiene 287, Cochabamba 62 y La Paz 44.
Los incendios de bosques han sido autorizados por una ley de Evo Morales, la 1171, de “Uso y Manejo Racional de Quemas”, que ahora se la conoce como la “ley incendiaria”, que establece multas para quienes provoquen los incendios. En una región de propiedad comunitaria, un incendiario no autorizado debe pagar Bs 2,46 por hectárea afectada, un monto insignificante: un dólar vale oficialmente Bs 6,96.
El gobierno informó que fueron detenidos siete pirómanos, pero ningún narco armado de los que dispararon contra los bomberos.
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