Miles de personas bloquearon este jueves por cuarto día consecutivo unas 20 rutas de Guatemala para exigir el cese de la persecución electoral, que buscaría impedir la asunción del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
Los manifestantes, en su mayoría indígenas y campesinos, mantienen cerrados tramos de transitadas carreteras como la Interamericana, así como las rutas que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras, según la estatal Dirección General de Protección y Seguridad Vial.
Este jueves se unieron a las protestas pobladores indígenas de Quiché (norte) y de Escuintla (sur).
El líder indígena, Luis Pacheco, presidente de la junta directiva de los 48 cantones del departamento de Totonicapán, al oeste de la capital, donde iniciaron los bloqueos y protestas, adelantó que “seguirán las paralizaciones” por tiempo indefinido.
Arévalo de León sufrió un revés el miércoles cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso que interpuso para frenar la ofensiva de tres funcionarios judiciales, a quienes acusa de orquestar un “golpe de Estado” para impedirle asumir el poder.
El gobierno saliente del presidente Alejandro Giammattei descartó el miércoles que haya un supuesto desabastecimiento de combustible a causa de los bloqueos, en tanto, el Ministerio Público (Fiscalía) anunció que su página web fue hackeada.
En Ciudad de Guatemala policías mantienen acordonado el perímetro del aeropuerto internacional La Aurora, ante rumores de que los manifestantes pretendían tomar las instalaciones, según la Aeronáutica Civil.
Los bloqueos iniciaron el lunes en contra de los allanamientos de la sede del tribunal electoral para secuestrar las actas de las elecciones pasadas, el pedido para quitar los fueros a los magistrados de ese organismo e intentar cancelar el partido Movimiento Semilla, de Arévalo; acciones que han sido denunciadas como una persecución, y han provocado preocupación y rechazo internacional.
Arévalo de León ganó el balotaje del 20 de agosto ante la ex primera dama Sandra Torres, cercana al oficialismo y a la poderosa élite empresarial aliada del gobierno.
Además, piden las renuncias de la fiscal general Consuelo Porras, del jefe de la fiscalía contra la impunidad Rafael Curruchiche y del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, quienes mantienen la cruzada legal postelectoral. Los tres funcionarios están incluidos en una lista de “actores corruptos” y antidemocráticos de Estados Unidos.
Los manifestantes, incluso, han advertido que no se retirarán hasta que renuncie Porras, a quien acusan de intentar interferir en las elecciones celebradas este año en Guatemala.
El pasado 30 de septiembre, la Fiscalía, bajo el mando de Porras, decomisó las actas de votaciones de los comicios, una acción ampliamente criticada a nivel local e internacional por las supuestas ilegalidades de dicha acción.
La Fiscalía acusa al Movimiento Semilla del presunto uso de firmas falsas para su fundación en 2018, aunque las acusaciones en su contra nacieron hasta el 12 de julio, después de que Arévalo de León avanzara al balotaje.
Porras y la cúpula del Ministerio Público han sido sancionados en los últimos dos años por Estados Unidos, bajo acusaciones de “socavar” la Justicia en el país centroamericano.
La Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, España, la Unión Europea y organizaciones internacionales han expresado su rechazo a la persecución penal por considerar que atenta contra la democracia y la gobernabilidad de esta nación.
(Con información de AFP y EFE)
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