(Washington, Estados Unidos) La transición que dio comienzo la semana pasada en Guatemala bajo la observación del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, parecía ir bien encaminada.
Almagro elogió este lunes los pasos dados por el presidente saliente Alejandro Giammattei para entregar el poder a Bernardo Arévalo de forma pacífica y calificó de “democrática” la actitud del mandatario. De todas formas cuestionó a “otros espacios del Estado, donde la claridad democrática no existe en este momento”.
Un día después de esas declaraciones realizadas por el secretario general de la OEA, el Ministerio Público de Guatemala realizó un allanamiento al Tribunal Supremo Electoral (TSE). La imagen de los delegados de la fiscalía entrando al lugar donde están guardados los votos y abriendo las cajas generó preocupación en la comunidad internacional, que sigue de cerca desde Washington lo que pasa en el país centroamericano.
Representantes de diferentes países ante la OEA consultados por Infobae este martes se mostraron preocupados por estos nuevos avances de la Fiscalía, pero en la organización también hay una buena valoración de la actitud del Poder Ejecutivo saliente.
La señal que la OEA quiere transmitir es que no se quitarán los ojos del país, porque entienden que fue la reacción unánime de la comunidad internacional la que permitió que Arévalo no fuera sacado de la contienda como intentaban la Fiscalía y algunos partidos luego de la primera vuelta. En la OEA también creen que fue la presión internacional y las gestiones de la organización las que permitieron que la segunda vuelta se desarrollara normalmente.
En el balotaje, Arévalo ganó con el 60% de los votos. El resultado fue validado y confirmado por el TSE y tanto las misiones de observación de la OEA como de la Unión Europea validaron que el proceso electoral se desarrolló con normalidad.
La “preocupación” por un “ataque frontal a la integridad del voto”
A la noche de este martes, la Misión de Observación Electoral (MOE) para las elecciones de Guatemala emitió un comunicado en el que manifiesta su “profunda preocupación” por lo que considera un “ataque frontal a la integridad del voto” a través de estos allanamientos de la Fiscalía.
La MOE recuerda en su comunicado que la Ley Electoral de Guatemala, que tiene rango constitucional, establece que el TSE es el único organismo competente para validar los votos, por lo que la apertura de las cajas con los sufragios de la ciudadanía es “una afrenta a la voluntad popular”.
“Estas acciones constituyen una prueba más de que el Ministerio Público, lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales, al personal electoral y a las miles de personas que, con enorme compromiso cívico, llevaron adelante dos jornadas de votación pacíficas y transparentes”, asegura la MOE.
Para la misión de la OEA, la Fiscalía lleva adelante una política de “persecución penal” y considera que esas acciones “pueden constituir conductas típicas de los delitos de prevaricato y abuso de autoridad”.
“Cuestionar estas elecciones ya celebradas es cuestionar la voluntad misma del pueblo de Guatemala, que el 20 de agosto se expresó de manera contundente en las urnas”, dice el comunicado de la OEA, que además asegura que luego de haber observado la documentación, las denuncias de supuestas irregularidades en el proceso electoral “carecen de sustento”.
Los mensajes a Porras y de Porras
Almagro estuvo en Guatemala la semana pasada, para la primera reunión entre Giammatei, Arévalo y sus equipos. Volvió este lunes para la segunda reunión y se mantiene en el país.
La semana pasada el secretario general se reunió con la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, para transmitirle el mensaje que todos los países de la región le pidieron unánimemente a Almagro que le llevara.
En la declaración emitida hace dos semanas por el Consejo Permanente, todos los países le pidieron a Almagro “que, durante su visita, reanude reuniones de alto nivel con los actores relevantes, particularmente el Ministerio Público, destacando la importancia de la separación de poderes que es esencial para el ejercicio de la democracia y que el uso del ordenamiento jurídico como una herramienta para intimidar y cambiar indebidamente los resultados electorales no es aceptable”.
Luego de esa reunión con Almagro, Porras hizo una declaración a la prensa, en la que no aceptó preguntas y dijo que “el Ministerio Público no es una institución política” y que solo están investigando denuncias. “Es una institución eminentemente técnica, cuya función es investigar las denuncias ciudadanas y dar respuesta a la víctima de los delitos. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento que pretenda involucrar al MP con el resultado del evento electoral”, dijo la fiscal general.
Porras está acusada de corrupción por Estados Unidos y tiene vedado el ingreso al país por obstruir investigaciones. Para el Departamento de Estado, la fiscal quiere “socavar” a la institución.
El allanamiento de este martes fue ordenado por el fiscal Rafael Curruchiche, el mismo que llevó adelante un pedido para que se inhabilitara al Movimiento Semilla durante la campaña hacia el balotaje, cuando la ley electoral establece explícitamente que no se pueden dar de baja ni movimientos políticos ni candidatos durante un proceso electoral.
En ese momento el juez Fredy Orellana dio luz verde a ese pedido y le solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que suspendiera a Semilla. Tanto Curruchiche como Orellana también son considerados por Estados Unidos como funcionarios corruptos.
Organizaciones sociales piden a Almagro pronunciamiento
Un grupo de organizaciones sociales de Guatemala, agrupadas bajo el nombre de Mirador Electoral, le enviaron este martes una carta pública a Almagro en la que le manifestaron preocupación por los nuevos avances del Ministerio Público contra el TSE.
Las organizaciones consideran que en el país se está produciendo “acciones de boicot electoral” por parte del Ministerio Público, “jueces aliados” y “grupos de poder que los influencian”.
En la carta, desde Mirador Electoral afirman que no existen antecedentes de una situación similar, en la que fiscales abran urnas con votos.
Por todo ello, las organizaciones le piden a Almagro que convoque de manera urgente a un nuevo Consejo Permanente de la OEA que considere pronunciarse ante un “rompimiento del orden constitucional en materia electoral” y lo que consideran una “evidente amenaza a la institucionalidad democrática en Guatemala”.
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