En El Salvador siguen existiendo las desapariciones forzadas de personas, entre estas las de “corta duración” atribuidas “esencialmente a agentes del Estado”, alertó este miércoles la abogada y experta Zaira Navas.
Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de la organización Cristosal, explicó a periodistas que dichas desapariciones “están relacionadas a que agentes estatales han privado de la libertad a personas, no les han dicho el motivo de la privación de libertad, las han sacado de su hogar y no dan información sobre el paradero de las personas detenidas”.
Señaló que, solo Cristosal, “tiene un número importante de denuncias de personas que desconocen el paradero de personas que fueron detenidas, dónde están, a dónde se la llevaron, qué delito se les atribuye”. “No se sabe nada”, añadió.
“El Gobierno parece desconocer los significados de esta desaparición de personas, que es cuando agentes del Estado privan de libertad a alguien, la mantienen incomunicada, no le dan información a la familia y la persona es sometida a incomunicación y a falta de todo tipo de asistencia, como la de abogados”.
“Es muy grave que en El Salvador sigan ocurriendo desapariciones y que el número de desapariciones se incremente ahora con responsabilidad de agentes del Estado”, enfatizó la letrada.
Subrayó que “toda aquella persona privada de libertad que ha sido detenida y de quien no se da información, es una persona desaparecida”. Y agregó: “No lo digo yo, lo dicen los tratados internacionales”.
La declaración de Navas fue brindada tras la inauguración del seminario internacional denominado “Memoria y verdad: búsqueda y justicia ante las desapariciones”, que se lleva a cabo en San Salvador y que concluirá el jueves. El evento busca la comprensión, análisis y sensibilización de diferentes sectores sociales sobre el derecho de búsqueda integral ante la desaparición.
El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción, como medida para combatir a las pandillas y que suspende algunas garantías constitucionales, por medio del cual se ha capturado a más de 71.000 personas acusadas todas de ser miembros de maras.
Organizaciones humanitarias del país centroamericano registran hasta mediados de marzo pasado al menos 5.082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.
Familiares de algunas personas detenidas han denunciado en reiteradas ocasiones que no saben dónde se encuentra su pariente y que desconocen el o los delitos por los que fueron detenidos.
(Con información de EFE)
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