(Desde Santiago, Chile) El Caso Convenios sigue siendo un lastre para el gobierno de Gabriel Boric. Y el traspaso de fondos estatales a dedo a diferentes organizaciones, sin dejar de ser un tema político, ya ha tomado un perfil judicial.
Así es como este lunes, María José Aguayo, fiscal anticorrupción de la Región del Biobío, y un piquete de funcionarios de la Policía de Investigaciones llegaron hasta las dependencias del Gobierno Regional del Biobío con el fin de incautar documentos físicos y en formato digital.
Estas diligencias se enmarcan dentro de la investigación por el bullado caso Lencería, mecanismo por el cual la ex candidata a alcaldesa Camila Polizzi arrendó, literalmente, una fundación para poder acceder a estos fondos por asignación directa. La incautación busca establecer alguna relación y el Gobierno Regional.
A través de un comunicado, el Gobierno Regional afirmó que “de manera voluntaria, entregamos documentos y computadores para el mejor trabajo del órgano investigativo que esperaos permitirá esclarecer cualquier situación que pudiese ser irregular y determinar las responsabilidades.
La fiscal Aguayo sostuvo que los delitos que se investigan son negociación incompatible, fraude al Fisco “y no se descartan delitos como corrupción y enriquecimiento ilícito”. También dijo que a estas alturas de la investigación ya hay imputados y personas de interés por los delitos anteriores. “Todos son sujetos de interés”, dijo.
“Hicimos retiro voluntario de alguna documentación y equipos por parte del Gobierno Regional, y además se procedió a la incautación judicial de algunos elementos tecnológicos particulares”, precisó la persecutora.
Medidas profundas
En el mismo comunicado, el Gobierno Regional del Biobío cuenta que han tomado “15 medidas profundas que mejorarán la transparencia y la eficiencia en la asignación de recursos, reafirmando su compromiso con la probidad y la colaboración absoluta para aclarar y determinar las responsabilidades en cada caso”.
También se dio cuenta de la renuncia de tres altos funcionarios del Gobierno Regional: el administrador regional, Rodrigo Martínez; el jefe de gabinete, Rodrigo Alarcón; y el jefe de la división de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña.
Rodrigo Martínez, también a través de una declaración, dijo esta mañana que con el objeto de “clarificar” instruyó una auditoría interna “y un sumario administrativo que desembocó en una querella ante el Ministerio Público, cumpliendo así con la obligación como funcionario de informar o denunciar eventuales irregularidades de las que se tomen conocimiento”.
Agrega que ese sumario arrojó antecedentes sobre “el actuar deficiente de una funcionaria (hoy alejada de su cargo) y es en base a esos resultados que el Gobierno Regional denunció los hechos ante la Fiscalía. Resulta insólito que la misma persona responsable de hechos constitutivos de investigación pretenda hoy figurar en los medios como quien entrega a la prensa información sobre supuestas inacciones”.
Agrega que en ningún caso ha actuado “ni con negligencia ni con desidia”.
Más renuncias
Más al sur, en la Región de Los Lagos, se confirmó que también se solicitó la renuncia de tres altos funcionarios del Gobierno Regional. Así, dejarán sus puestos Alejandro Macías, jefe del departamento Jurídico; Mauricio Saavedra, encargado de la División de Presupuesto e Inversión Regional; y Gloria González, jefa de Fomento Productivo.
“Informamos que el gobernador regional, Patricio Vallespín, ha instruido cambios en los liderazgos de determinadas áreas estratégicas, a fin de dar énfasis a la mirada especializada para la máxima eficiencia y eficacia de la gestión”, señala.
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