Caso Convenios, la pesadilla de Gabriel Boric: quiénes son uno por uno los funcionarios que ya renunciaron

La popularidad del presidente chileno ya venía golpeada después de un difícil primer año de gestión en que casi nada le salió como lo tenía planeado. Pero todo se puso aun peor cuando hace casi dos meses comenzaron a salir a la luz los detalles de diversos convenios que funcionarios de su gobierno firmaron para derivar fondos públicos sin ningún control a fundaciones dirigidas por ellos o personas cercanas.

Hasta el sábado 17 de junio, Carlos Contreras era el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo en la Región de Antofagasta. Era, porque ese día renunció tras destaparse que, bajo su cargo, había firmado tres convenios directos por un total de medio millón de dólares con la fundación Democracia Viva para el trabajo en campamentos. Es el que da inicio al escandaloso Caso Convenios.

Democracia Viva era representada legalmente por Daniel Andrade, ex pareja de la diputada Catalina Pérez, una de las figuras del partido Revolución Democrática, fundado por Giorgio Jackson, actual ministro de Desarrollo Social cuyo futuro en el cargo pende de un hilo por este caso.

Carlos Contreras, además, había sido jefe de gabinete de la diputada Pérez en su primer período parlamentario. Y los tres eran militantes de Revolución Democrática.

Eso sí, el partido expulsó a Andrade y Contreras, y mantiene suspendida la militancia de Catalina Pérez.

El escándalo también hizo caer a Tatiana Rojas, subsecretaria de Vivienda, quien también es militante de Revolución Democrática. El presidente Gabriel Boric pidió su renuncia luego de que ella confesara que había sido advertida de esta situación a través de un correo enviado por la asociación de funcionarios del ministerio, pero que no alcanzó a contarle al ministro Carlos Montes.

Este viernes Daniel Andrade rompió su silencio y ofreció una extensa entrevista al programa “Contigo en la mañana”. Ahí dijo que era el seremi, Carlos Contreras, quien los contactó para ejecutar el proyecto. “No debería haber accedido a eso porque no teníamos la experiencia en la parte de construcción, pero se me dijo que era así como funcionaba. Ahí hago una autocrítica”, confesó. Dijo, además, que siempre han estado dispuestos a devolver el dinero que se les había entregado.

Urbanismo Social

El 7 de julio, y a solicitud del ministro de Vivienda Carlos Montes, renunció Rodrigo Hernández, ex secretario regional ministerial de Vivienda en la Región del Maule.

Hernández, que también era militante de RD, había sido director jurídico de Urbanismo Social, ONG en la que se desempeñó por cerca de siete años y de la que se fue cuando asumió en el cargo.

Resulta que el seremi de Vivienda del Maule firmó la renovación del convenio del ministerio con Gestión Vivienda, entidad dependiente de Urbanismo Social, cuando por su cargo estaba inhabilitado de hacerlo.

A través de un comunicado, Rodrigo Hernández afirmó que él no había tenido ninguna injerencia en la suscripción de convenios con Urbanismo Social. Aunque no se trató de ningún traspaso de recursos, sí hubo una falla administrativa que él mismo reconoció.

“El 24 de noviembre de 2022 firmé la renovación de la vigencia de Gestión Vivienda en ese registro sin percatarme de que se trataba de una entidad dependiente de la Fundación en la que trabajé; entidad que por cierto cuenta con más de 15 años de experiencia y trayectoria en materia de vivienda y urbanismo”, dijo en la misiva.

El caso Lencería

Otra arista se abrió en la Región del Biobío, y es un poco más enrevesado.

Allí, se acusa a Camila Polizzi de haber arrendado, literalmente, una fundación para poder optar a recursos para el trabajo en talleres, por los cuales la Fundación En Ti recibió 290 mil dólares y que gestionaba a través de un organismo de capacitación adquirido por Sebastián Polanco, quien sería pareja de la ex candidata a alcaldesa de Concepción.

Pero la cosa tomó color cuando se supo que en sus rendiciones de cuentas habían boletas por millonarios gastos en restaurantes, ropa y lencería fina.

Cuando comenzó la investigación por la entrega de recursos a organizaciones que abrió el caso Democracia Viva, el secretario regional ministerial de Gobierno, Eduardo Vivanco, militante del Partido Radical, se reunió con Polizzi.

Según denunció ella, Vivanco habría tratado de dirigir lo que ella iba a declarar y a quién debía culpar por la entrega de esos recursos. Y hasta la habría hecho una velada amenaza de muerte con un sicario.

Este viernes se filtró un audio grabado por Camila Polizzi en esa reunión. “¿Cuánto cobra un colombiano? ¿Cuánto cuesta un colombiano?”, dice varias veces Vivanco, quien luego agrega “ojalá llegar a tal punto de la entrega que ya sea irrelevante… Y te lo voy a decir en los mejores términos de que te tienes… de que ya entre viva y muerta…”.

En cualquier caso, Vivanco renunció al gobierno después de que se reveló que se había reunido con Camila Polanco. Lo que se conversó allí es lo que ella denunció el miércoles ante la Policía de Investigaciones.

El Partido Radical suspendió la militancia de Eduardo Vivanco, quien descartó haber amenazado a Camila Polizzi y agrega que fue ella quien le pidió reunirse.

“Yo rehuí un poco de esa conversación, entendía que era delicado el tema de ella con el Gobierno Regional y, por lo tanto, no accedí en primera instancia a hacerlo y finalmente, por la posibilidad que estuviera involucrado algún personero del gobierno central en ese caso decidí ver de qué se trataba”.

Arte y Cultura

El ministerio de las Culturas suma dos bajas por todo este entramado. A Andrea Gutiérrez, ex subsecretaria del ministerio de las Culturas y las Artes renunció luego de que el presidente Boric haya solicitado la apertura de un sumario administrativo por la firma de dos convenios.

Resulta que estos acuerdos se hicieron con la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), por 53 mil y 297 mil dólares cada uno. El problema es que, aunque los convenios no tienen ningún vicio dentro del marco legal, Andrea Gutiérrez debió abstenerse de firmarlos puesto que antes de ingresar al gobierno, ella se había desempeñado en Cordesan.

Luis Cordero, ministro de Justicia, dijo en televisión que la renuncia era la decisión correcta. “El caso de la subsecretaria es un caso de libro. No debería haber suscrito ningún documento respecto de una entidad en que ella trabajó previamente”, explicó.

Esta semana también renunció Alejandra Jiménez a su cargo como secretaria regional ministerial de Cultura de la Región Metropolitana.

Esto, porque desde su cargo visó y firmó al menos uno de dos convenios mediante el cual se transfirieron recursos a una organización llamada El Circo del Mundo. El problema es que El Circo del Mundo es una organización que Alejandra Jiménez es la co-fundadora de esta organización y fue su directora hasta que entró al gobierno.

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