La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación de oficio para ahondar en los convenios firmados ente la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, un asunto que ha crecido como una bola de nieve y que golpea al Gobierno de Chile.
Democracia Viva suscribió tres convenios con la repartición para el trabajo en campamentos de Antofagasta, todos por un monto superior a medio millón de dólares.
La mentada fundación está ligada a Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, representante de la región en el parlamento. Y la Seremi de Vivienda estaba encabezada por Carlos Contreras, quien fue jefe de gabinete de la parlamentaria durante su primer periodo. Los tres militan en el partido Revolución Democrática (RD), parte del conglomerado de Gobierno.
Apenas se hizo pública la firma de los convenios, Contreras presentó su renuncia. “Lamento mucho no haber dimensionado la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una organización sin fines de lucro, con que no tengo conflicto de interés alguno. Presenté mi renuncia para que esto no se siga utilizando políticamente contra el Gobierno”, explicó en un comunicado que puso en sus redes sociales.
Desde la oposición surgieron voces que pidieron que Pérez renunciara a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, mientras que ella pidió que fuera la Contraloría General la que se pronuncie acerca de la legalidad de los convenios. Y, aunque no renunció, la diputada “suspendió” su participación en la mesa directiva de los parlamentarios, una figura que no existe pero que ayudó a contener la presión y que la UDI, partido de oposición, retirara una moción de censura que había presentado en su contra.
“Los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, don Carlos Contreras y don Daniel Andrade, tendrán que responder políticamente. Hay un procedimiento abierto al interior de RD, se cursaron también las responsabilidades en término de la expulsión de sus cargos dentro de la administración del Estado, eso es pertinente. Lo que no me parece pertinente es que se busque endosar responsabilidades de terceros en mi”, dijo la parlamentaria, que agregó que nada sabe de los famosos convenios.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes consideró el hecho como “una falta de criterio” y ordenó que una comisión del ministerio viajara a investigar los destinos de los fondos entregados. “Hasta el momento, tenemos rendición solamente del 3%, porque el gasto que se ha hecho del proyecto es bajo. ¿Cuánto es? No sabemos exactamente, es parte de la información que nos tienen que entregar”, dijo Montes en Radio Cooperativa.
Error político y algo más
El asunto también encendió los ánimos en el bloque opositor. El Partido Republicano explicitó su molestia hacia los diputados UDI por bajar la moción de censura contra la diputada Pérez. La molestia también se contagió entre algunos diputados de Renovación Nacional, socios de la UDI en el conglomerado Chile Vamos.
Entienden que alguno de los parlamentarios UDI quiera presidir la Cámara de Diputados en la renovación de la testera, que se producirá el próximo mes.
De todas formas, el Partido Republicano presentó una querella por eventual fraude al fisco.
Aunque no hay nada que haga sospechar que efectivamente hubo un delito, todo el entramado abrió críticas cruzadas y reproches dentro del mismo oficialismo. “Esto es un error político de proporciones, grave, de imprudencia, de descriterio; no necesariamente de que alguien esté robando plata o desviando recursos públicos”, dijo el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de RD, quien agregó que “si bien hasta ahora no hay nada irregular o ilegal en el convenio, el descriterio está en el vínculo en que se da la sospecha, en el vínculo de cercanía con la diputada Pérez”. También dijo que están dispuestos a que revisen todo, desde los mensajes or WhatsApp hasta cuentas corrientes.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo también consideró que el entramado “fue un total y absoluto descriterio político”.
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