Persecución en Bolivia: una activista por los derechos humanos denunció que fue despojada de su oficina por el MAS

Una activista por los derechos humanos en Bolivia denunció que fue despojada de su oficina por un grupo afín al partido de gobierno Movimiento al Socialismo (MAS).

Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), acusó al MAS de presionar para despojarla del cargo y de la sede para tener el control de la organización.

El caso ha derivado en un abierto enfrentamiento entre organizaciones de derechos humanos afines y críticas al gobierno del presidente Luis Arce.

Carvajal, de 84 años, indicó que un grupo afín al MAS ingresó a las oficinas de la APDHB y cerró las puertas. “No me dejan entrar a las oficinas, esto es grave. Yo voy a seguir en la lucha, aquí tengo la llave y voy a estar aquí hasta que me dejen entrar”, dijo la mujer este martes a la agencia de noticias AP en la puerta de la sede de la organización en el centro de La Paz mientras un grupo de policías custodiaba las oficinas.

La activista, nacida en España, tiene una larga carrera que inició con la lucha contra la dictadura en los años 70.

Carvajal ha recibido el apoyo de opositores al gobierno al tiempo que ha sido criticada por el oficialismo por su apoyo a la ex presidenta interina Jeanine Áñez, quien cumple una condena a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por la sesión del Congreso en la que, siendo senadora, se proclamó presidenta en 2019 tras la renuncia del ex mandatario Evo Morales.

Morales, su entonces vicepresidente y otros altos cargos dimitieron tras un estallido social que dejó 37 muertos durante casi un mes de protestas callejeras después de unas elecciones que los observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tildaron de fraudulentas.

Edgar Salazar, miembro de una organización paralela, aseguró que él tiene la representación de la organización y que ha recuperado las oficinas ante el “silencio de orden constitucional”. Salazar, afín al partido de gobierno, dijo que posee el apoyo de los familiares de algunos de los fallecidos en el estallido social de 2019.

La pugna por la dirección de la APDHB comenzó en 2016 durante el gobierno de Morales (2006-2019), que es a su vez presidente del MAS.

“Están violando mi derecho a luchar por los derechos pero no me voy a rendir, continuaré con mis funciones desde la calle”, sostuvo Carvajal.

Por su parte, el ex gobernador de Santa Cruz y líder de la oposición, Luis Fernando Camacho, sumó otros tres meses de prisión preventiva a los cinco que ya lleva en un penal de La Paz mientras es investigado por varios delitos. Esta vez la Fiscalía le atribuye incumplimiento de deberes por la supuesta compra ilegal de un carro bombero, se informó este martes.

Camacho amplió su detención por otros 90 días, según la decisión del juez anticorrupción Roberto Parada tras una audiencia celebrada el martes. En ninguno de los tres procesos que se le ha iniciado a Camacho tiene sentencia, dijo el abogado del político, Martín Camacho.

Su detención en diciembre pasado, con cargos por terrorismo, cohecho y sedición por su participación en las protestas de 2019 contra el gobierno de Evo Morales, desembocaron en jornadas de paralización en su región, el motor económico boliviano.

A pesar de su detención, Camacho ejerce desde el penal su función de gobernador de la provincia oriental de Santa Cruz, principal reducto de la oposición. La Asamblea Legislativa de su región lo ratificó en el cargo.

(Con información de AP)

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