El Parlamento de Chile aprobó este miércoles una nueva prórroga al estado de excepción vigente en la zona sur del país, a un año de su implementación.
Los legisladores definieron extender por vez número 24 esta medida que les permitirá continuar durante dos semanas más con el despliegue de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur y la Araucanía a fin de garantizar el orden público en la región.
La decisión fue aprobada por 34 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones en el Senado mientras que, horas antes por la mañana, había conseguido 96 adhesiones, 36 rechazos y tres abstenciones en el pleno de la Cámara de Diputados.
El ala dura de la oposición -los sectores de derecha y ultraderecha- dieron luz verde a la moción, inclusive luego de que la víspera advirtieran de que no lo harían. En su lugar, reclaman que el Gobierno decrete el estado de sitio, que es más extremo que el régimen vigente.
Esta propuesta restringe la libertad de locomoción y el derecho a la reunión, por lo que es vista como “excesiva” por el oficialismo pero que cuenta con un amplio respaldo de los parlamentarios de la zona, que desean medidas más extremas para afrontar este problema.
“Los diputados de la Araucanía fuimos citados por el presidente Gabriel Boric a Cerro Castillo. Solicitaré personalmente estado de sitio para nuestra región. El terrorismo ya no resiste medias tintas”, había escrito en su cuenta de Twitter el diputado Mauricio Ojeda, del ultraderechista Partido Republicano.
Sin embargo, el gabinete de Gabriel Boric sostiene que no es la medida adecuada para resolver este tema, que constituye uno de los asuntos más complejos de la agenda del mandatario.
“El estado de sitio no nos va a dar ninguna herramienta adicional, es un estado que se declara en condiciones de guerra, que no es la condición que tenemos en Chile”, explicó la ministra del Interior, Carolina Tohá.
El estado de excepción fue decretado el mayo pasado, a pesar de que Boric había asegurado que no lo haría, ante la creciente ola de violencia que a diario se desataba entre las comunidades radicales indígenas, el Estado y las empresas forestales que explotan las tierras consideradas ancestrales.
Desde entonces, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, asegura que se ha conseguido una “considerable disminución” de los actos vandálicos, cercana al 30 por ciento.
“Hasta el 2021 no hubo ningún año en que no aumentaran los hechos de violencia rural en la Macrozona Sur. El 2021, por cifras, fue el que más hechos de violencia registró. En 2022 logramos bajarlos y, en 2023, seguimos con la tendencia a la baja”, comentó.
No obstante, los ataques incendiarios a maquinaria y predios, así como los cortes de ruta y los tiroteos siguen ocurriendo casi a diario y aún dejan víctimas mortales.
En los últimos días, una vivienda fue incendiada por un grupo de mapuches que reivindicó el ataque y, días antes, un grupo de desconocidos prendió fuego otra residencia y disparó contra la vivienda de un redactor ultraderechista de la nueva constitución y la camioneta de su padre.
(Con información de EFE)
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