
El Gobierno de Honduras dispuso este sábado prorrogar nuevamente el estado de excepción, vigente en el país desde el pasado 7 de diciembre. De esta manera, la presidente Xiomara Castro ordenó su vigencia hasta el 21 de mayo, en 123 de los 298 municipios del territorio.
Esta prórroga, ya la tercera desde su inicio, fue publicada en el diario oficial La Gaceta luego de ser aprobada por el Consejo de Ministros, comentó la Policía local.
El régimen de excepción avala a las autoridades a disponer medidas que restrinjan la libertad de movimiento y reunión de los habitantes, así como a ingresar en los hogares y realizar arrestos sin tener una orden judicial.

La medida se enmarca en la lucha contra las bandas criminales que el Ejecutivo inició a finales del último año, en un contexto de “emergencia nacional” derivado de los crecientes índices de delincuencia.
Éste es uno de los principales problemas que azotan al país y ha expuesto que los narcotraficantes y los pandilleros son responsables de que la tasa de homicidios se ubique en 40 por cada 100.000 habitantes, lo que es aproximadamente más de cuatro veces el promedio mundial.

Frente a esta realidad, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, señaló que “debemos ser implacables contra el crímen organizado” mientras que Casto aludió a la importancia de “continuar atacando de manera frontal las estructuras criminales vinculadas a los delitos de extorsión, sicariato, tráfico de drogas y lavado de activos, entre otros”.
“Esta medida legal ha hecho posible que las autoridades de seguridad capturen a más de un centenar de integrantes de organizaciones criminales” y ha facilitado “la captura de más de un centenar de integrantes de estructuras criminales vinculados a maras y pandillas que cometen delitos contra la población hondureña”, destacó la Policía en un comunicado.
Sin embargo, organismos internacionales han advertido de prácticas que podrían estar vulnerando los derechos de la sociedad. En ese sentido, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras expresó su preocupación “por la recurrencia al estado de excepción y reitera su llamado a implementar una política integral de seguridad ciudadana con énfasis en la prevención e investigación”.
Asimismo, la coordinadora de la ONU en el país, Alice Shackelford, sumó que la extensión de la medida “y la asignación de nuevas tareas de seguridad de las Fuerzas Armadas preocupa. Seguimos comprometidos en apoyar un enfoque de prevención, seguridad ciudadana y diálogo entre varios sectores para construir democracia, paz social y desarrollo en ONU Honduras”.

La postura de Castro es muy similar a la tomada por su homólogo salvadoreño Nayib Bukele que, en marzo de 2022, decretó por primera vez el estado de excepción en el país para hacer frente a las maras.
A pocas semanas de haberse autorizado una nueva prórroga del mismo, Bukele festejó que en su país ya son más de 65.000 los supuestos pandilleros detenidos en este poco más de un año, además de la incautación de 2.326 armas de fuego y USD 1.7 millones, lo que se ha visto reflejado en una significativa baja en las tasas de homicidios y criminalidad en el país. Así, El Salvador “ha llegado a 300 días sin homicidios”, sostuvo Bukele.

No obstante, esto le trajo consigo críticas de organismos internacionales y hasta miembros de la oposición, que ven con alerta la supresión de los derechos y las libertades, a la vez que advierten de malos tratos y paupérrimas condiciones de vida en las cárceles.
“Es muy fácil estar prorrogando el régimen de excepción cada mes pero lo que es complejo es buscar realmente la verdad y la justicia para quienes han sido víctimas de estos delitos gravísimos de parte de los grupos del crimen organizado”, comentó por su parte la diputada Claudia Ortiz.
Desde el círculo de Bukele han hecho caso omiso a estos comentarios y, por el contrario, han declarado recientemente que “esta medida no terminará hasta que capturemos al último miembro de estas estructuras terroristas”.
Inclusive, el propio mandatario ha celebrado la reciente construcción de la cárcel más grande de todo Latinoamérica, con capacidad para albergar a 40.000 reos y donde ya se alojan los primeros prisioneros.
(Con información de Europa Press)
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