
El presidente Gabriel Boric de Chile llegó a la frontera con Bolivia, donde ya estaba movilizado su ejército, para exigir a Luis Arce que actúe con seriedad con las corrientes del éxodo venezolano.
Los bolivianos se ponen nerviosos cuando una autoridad chilena se acerca a la frontera binacional acompañada de militares: la anterior vez que ocurrió eso, en 1879, Bolivia perdió su acceso al Pacífico.
Esta vez, el presidente chileno no quería más territorio boliviano, sino exigir al gobierno de Arce que reciba a los caminantes que ingresaron a Chile desde Bolivia.
El gobierno boliviano no ha respondido formalmente, pero un funcionario de la Cancillería negó que exista un compromiso de ese tipo y que los venezolanos no tienen pasaporte y no figuran como inmigrantes.
El opositor José Carlos Sánchez cree que el gobierno de Arce impide a los caminantes del éxodo venezolano quedarse en Bolivia porque detesta a todos los críticos de Nicolás Maduro, aliado del MAS, y los considera traidores a la revolución chavista.
Evo Morales tiene otra lectura del caso: “Lamentamos la posición unilateral del hermano presidente de Chile Gabriel Boric hacia migrantes que son víctimas de los bloqueos económicos de EEUU contra Venezuela y las políticas de hambre del modelo neoliberal en América Latina. Respeten los derechos humanos”.
Aunque la protesta de Boric fue dicha a todo pulmón en la población fronteriza de Colchane, el gobierno boliviano no respondió como se esperaba por la pesadilla económica que está viviendo.
Tampoco ha dicho nada sobre la permanencia, desde principios de enero, del ejército peruano en la frontera, ocupado en impedir el ingreso de agitadores y cocaleros de la corriente de Evo Morales que promueven las revueltas y el separatismo de la región de Puno.
Cuando Boric estaba todavía en la frontera, la calificadora JP Morgan ponía el riesgo país de Bolivia, por primera vez, por encima de la barrera de 1.000. En enero, había sido de 564, según recordó Bloomberg.

Y por esas horas también, Fitch Rating daba un diagnóstico lapidario sobre la salud de la economía boliviana. Disminuyó las calificaciones de incumplimiento de emisor de largo plazo para moneda extranjera y local de “B” a “B–”, pasó la perspectiva de calificación de “estable” a “negativa” y reveló que el gobierno boliviano había usado los Derechos Especiales de Giro (DEG).
Pero, además, la calificadora aludió a la caída de las reservas de gas natural y a los riesgos políticos que presenta el país.
El Banco Central vendió dólares al cambio oficial porque los bancos privados no los tenían, pero al mismo tiempo se dio una corrida de ahorristas del Banco Fassil y se formaban colas en las puertas de todos los bancos en la ciudad de Santa Cruz. El Banco Fassil tiene capitales venezolanos y argentinos, según versiones que sus ejecutivos negaron. Pero la versión coincide con la sospecha de que el “socialismo del siglo XXI” ha incursionado en actividades financieras regionales.
La crisis económica es muy grave y el prestigioso economista Antonio Saravia ha sugerido al presidente Arce renunciar al cargo y le ha propuesto que en su carta de dimisión incluya este párrafo: “No solo renuncio porque mi gobierno ha sido un fracaso y nos ha dejado a la puerta de una severa crisis, sino porque mis ideas y mis acciones desde que fui ministro han demostrado estar profundamente equivocadas”.
Arce no tiene tiempo para renunciar y ni siquiera para leer porque la economía se está derrumbando, agravada por las peleas internas en el partido MAS.
La ex ministra Teresa Morales, del régimen de Evo Morales, denunció por televisión que la empresa estatal del petróleo, YPFB, está importando más gasolina de la que se necesita, porque el excedente debe ser reexportado por los corruptos incrustados en la empresa. El año pasado, dijo la ex ministra, el país perdió 1.666 millones de dólares como consecuencia de esos hechos de corrupción. Carlos Romero, otro ex ministro de Evo Morales, dijo que en el gobierno de Arce estalló la “mega-corrupción” en YPFB.
El bando de Evo Morales hace repetidas alusiones a hechos de corrupción en la empresa petrolera y recuerda que uno de los hijos de Arce está a cargo de esas operaciones.
Con las críticas de los gobiernos de Chile y Perú, los reproches del FMI y las calificadoras de riesgo país, Luis Arce sólo atina a aplicar mano muy dura a los presos políticos del régimen, la única exigencia de Evo Morales que cumple al pie de la letra.
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