Luis Arce se enfrenta a una incipiente crisis económica en Bolivia y crece la demanda de dólares

El presidente Luis Arce está ante su peor pesadilla: no hay dólares en los bancos, las reservas apenas cubrirían importaciones por tres semanas, la provisión de combustibles es insegura, pero además Evo Morales lo tiene contra las cuerdas.

La estabilidad del tipo de cambio se mantiene desde hace diez años pero ahora que el gobierno ha tocado ese delicado castillo de naipes, la cotización del dólar comenzó a moverse, lo que provoca que los ahorristas quieran retirar sus dólares pero los bancos están sin los billetes suficientes.

Los problemas políticos no le dan tregua. Morales había dicho que en 2025 será candidato con la ayuda de militares y policías, lo que provocó que Arce haga un cambio abrupto de los comandantes de la policía. Pero Morales ahora lo acusa de corrupción.

Los dirigentes cívicos de Santa Cruz habían dado a Arce un plazo, que acaba de cumplirse, para que libere al gobernador Luis Fernando Camacho, con la amenaza de someterlo a un referéndum revocatorio, pero ahora quizá no sea necesario.

Los países vecinos están inquietos. Perú primero, y ahora Chile han enviado a sus ejércitos a la frontera con Bolivia. Ambos países quieren evitar el ingreso de bolivianos: el Perú acusa a Morales de instigar la rebelión de su territorio sureño, mientras que Chile quiere frenar el ingreso de delincuentes y la cocaína.

La situación económica no se ha descontrolado todavía pero todos los economistas temen que esto reviente en pocos días y genere una crisis que, con el paso de los días y con las desatinadas medidas del gobierno, llegue a ser similar a la que en 1985 obligó a que el presidente Hernán Siles Zuazo renuncie al cargo y llame a elecciones. La inflación había llegado entonces a 24.000%.

Esta vez, Reynaldo Yujra, de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) admitió este domingo que existe una demanda inusual de dólares originada por rumores divulgados por redes sociales y la opinión de economistas, y que, según él, generaron especulación. Son delitos que serán llevados a la justicia, dijo.

Los problemas siguen surgiendo. El gobierno tuvo que enfrentar esta vez una denuncia del ciber mundo: Meta clausuró 1.600 cuentas de Facebook que se dedicaban a atacar a los opositores. La respuesta fue incoherente: la ministra de la presidencia dijo primero que era una calumnia, luego lamentó que Meta no hubiera consultado con el gobierno y terminó acusándola de abuso.

Pero esto permitió que el periodismo se entere de que esos 1.600 “guerreros digitales” contratados por el gobierno de Morales, tienen un presupuesto de 1,1 millones de dólares. Lo que no impidió que Morales acusara al gobierno de haber usado a esos agentes, pagados con dinero desviado de la publicidad oficial, para atacar a él y a su gente.

El detalle dado por Meta dice que se trata de 1.600 cuentas de falsas que operan desde 2016, de las cuales 1.041 eran de Facebook, en un total de 450 páginas, actuando en 14 grupos, además de 130 cuentas en Instagram.

La acusación más dura contra Arce sigue siendo la que hizo Carlos Romero, ex ministro de gobierno, acerca de la “mega-corrupción” del gobierno de Arce. “Es más grande que el narcotráfico” llegó a decir.

Y el diario Página Siete descubrió que entre los años 2014 y 2022 la estatal del petróleo, YPFB, hizo operaciones por 8.788 millones de dólares con la empresa Trasegur, que tiene denuncias de haber cometido irregularidades en Estados Unidos, Brasil, México y Ecuador.

Una de las más feas caras de esta crisis es que los ingresos por exportación de gas natural se han derrumbado. Este año se proyecta un ingreso de 9.805 millones de dólares, cifra que es inferior en 60% a los ingresos que tuvo el país en 2015 por ese mismo concepto.

Para el invierno que viene, Argentina querría recibir 16 millones m3/d de gas boliviano, pero sólo recibirá 6 millones, lo que obliga al gobierno de Alberto Fernández a pedir a Brasil que le ceda una parte del gas boliviano que recibirá en esa temporada. Ante la escasez de gas en Bolivia, Argentina decidió poner fin al contrato de compra-venta en enero de 2024, que debía expirar en enero de 2026.

Tan mal están las cosas, que José Luis Farah, presidente de la Corporación Agropecuaria del Oriente (CAO) dijo que los productores no pueden seguir “trabajando a toda capacidad por la incertidumbre y el acecho constante de grupos irregulares”.

Los “ocupas”, que aquí se llaman avasalladores, secuestraron la semana pasada a 35 policías y tomaron por la fuerza en Las Londras, Santa Cruz, una propiedad de 1.800 hectáreas sembradas con soja, y se mantienen allí, sin problemas.

Pero hay un senador que mira las cosas con otros ojos. A propósito de los asaltos que se dan en La Paz y El Alto, el senador masista Félix Ajpi, dijo que esos hechos confirman que la economía del país está creciendo.

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