El Congreso de El Salvador aprobó este martes una reforma al Código Procesal Penal para convertir el delito de femicidio en imprescriptible y permitir que la Fiscalía salvadoreña pueda abrir procesos penales en esos casos sin importar el tiempo que haya transcurrido desde los hechos.
La ley salvadoreña castiga como femicidio el crimen contra una mujer con motivaciones de odio o menosprecio por su condición de mujer. Es sancionado con penas de 20 a 35 años de prisión y, hasta hoy, era perseguible penalmente siempre que no hubieran transcurrido 15 años desde los hechos.
Los diputados agregaron, con una mayoría de 76 votos de todos los partidos, el femicidio y el femicidio agravado a la lista de delitos que no prescriben del artículo 32 del Código Procesal Penal, de tal forma que forman parte de las excepciones a la prescripción, que está regulada en el artículo 34 del mismo.
Desde 2008, en El Salvador eran imprescriptibles los delitos de tortura, terrorismo, secuestro, genocidio, desaparición y de guerra, a los que el Congreso sumó en 2015 los delitos sexuales contra los menores y, en 2021, los de corrupción.
La diputada Marcela Pineda, del partido oficialista Nuevas Ideas, recordó que 225 mujeres fueron “asesinadas por odio, por ser mujer, por su vestimenta” en 2018 y que “la única acción concreta que brindó la vieja Asamblea Legislativa fue decretar un duelo por tres días”.
“Es alarmante el número de femicidios que han venido ocurriendo este año, vamos a acompañar, pero quedarnos en lo punitivo es insuficiente”, apuntó el diputado John Wright Sol, del opositor Nuestro Tiempo, quien propone proteger también a los hijos de las víctimas de femicidios.
Luego de que la Policía salvadoreña registrara la muerte de cinco mujeres en cinco días, del 7 al 11 de febrero, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció en Twitter el diseño de una estrategia contra los femicidios.
Las cifras de la Fiscalía salvadoreña registraron siete femicidios en los primeros 45 días de 2023.
Los femicidios disminuyeron levemente entre 2021 y 2022, de 80 a 53 casos, según las estadísticas fiscales. También bajó la cantidad de personas condenadas por este delito de 49 a 23 en el mismo periodo, así como de personas procesadas penalmente, de 69 a 27.
(Con información de AP)
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