La tensión en Perú y el cierre de la frontera genera tensión a los narcos bolivianos que no reciben materia prima

La provisión de hojas de coca y de sulfato de cocaína provenientes de territorios amazónicos peruanos es indispensable para que los barones bolivianos del narcotráfico cumplan sus compromisos de reexportación hacia otros países vecinos, rumbo a Europa.

Las estadísticas de las Naciones Unidas y del propio gobierno boliviano han comprobado que los volúmenes de droga que sale de Bolivia hacia el mundo no podrían ser producidos solamente con la coca boliviana. Para ello se requiere el aporte de la materia prima y la droga semielaborada provenientes de Perú, el segundo productor de coca de Sudamérica, después de Colombia.

En tiempos normales, esa materia prima y ese insumo son tratados en modernos laboratorios instalados en parques nacionales para producir clorhidrato de cocaína, que luego parte en avionetas hacia Argentina, Brasil y Paraguay.

Pero ahora la frontera está cerrada. La interrupción de ese flujo estaría produciendo tensiones muy grandes entre los narcos, que tienen tratos que se cumplen, si o si, o corre sangre.

El ex presidente cocalero Evo Morales y el dirigente Leonardo Loza, de Chapare, no han dejado de expresar su solidaridad con las protestas de los grupos violentos del sur del Perú que han llegado hasta Lima. Lo siguen haciendo a pesar de las protestas del gobierno de Dina Boluarte.

El propio canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, entró en el debate y dijo que el gobierno boliviano rechaza las acusaciones de injerencia hechas desde Lima, pero no dejó de lamentar la muerte de los revoltosos peruanos que llegaron acompañados de narcoterroristas de la organización maoísta Sendero Luminoso.

Todo esto, con o sin roces diplomáticos, mantiene cerrada la frontera entre ambos países desde principios de enero, lo que perjudica el comercio bilateral, incluida la coca y el sulfato de cocaína que llegan de Perú a Bolivia regularmente, junto con oro de la minería ilegal..

El territorio de la provincia de Puno es el que recorren estas cargas desde el río amazónico Madre de Dios hasta las márgenes del lago Titicaca, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, incluidas las provenientes del VRAEM, donde opera Sendero Luminoso en el negocio de la coca, la droga y el oro.

La injerencia de los dirigentes de Chapare da la razón a las denuncias del gobierno peruano y a los parlamentarios de ese país que han advertido la presencia de ciudadanos bolivianos en las protestas.

Algunos de esos parlamentarios dijeron que los bolivianos enviados desde Chapare portan banderas llamadas Wiphala, hecha de cuadrados pequeños del color del arco iris, como la que usa la organización LGTB a rayas, con los mismos colores.

Esa bandera fue proclamada como la segunda bandera de Bolivia por el gobierno de Evo Morales con el argumento de que representaba a los pueblos nativos de este territorio cuando llegaron los conquistadores, algo que los historiadores nacionales,, peruanos y españoles han desmentido.

El gobierno y los políticos peruanos consideran esa bandera boliviana como la prueba de la intromisión. Se ha visto esa bandera incluso en Lima, entre los que incendiaban edificios y golpeaban a la gente.

El colorinche emblema ha generado una tensión adicional entre los dos países. El legislador fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu llamó a la Wiphala boliviana “mantel de chifa”, es decir mantel de los comedores populares limeños donde se sirven platos chinos.

Eso ha molestado a parlamentarios del MAS, que piden a la cancillería exigir que el gobierno peruano se disculpe por haber hecho semejante ofensa a un símbolo patrio, a pesar de que la Wiphala no es reconocida por la mayoría de los bolivianos. El parecido de esa bandera con la que usa el LGTB es también motivo de burlas.

Mientras tanto, el narcotráfico sigue produciendo noticias y tensiones en Bolivia. La fuga de un narcotraficante brasileño de la cárcel de Chonchocoro ha sido definida por diputados del MAS de la línea de Evo Morales como la demostración de la existencia de un acuerdo entre el gobierno de Luis Arce y la mafia paulista Primer Comando da Capital (PCC).

Las diferencias entre las corrientes de Morales y Arce no habían llegado a tanto hasta ahora. Se acusan mutuamente de tener vínculos con el narcotráfico, pero nunca habían llegado a mencionar conexiones con cárteles extranjeros de manera tan expresa.

Entretanto, la presencia de tropas peruanas en la frontera genera nerviosismo y hace crecer las exhortaciones de políticos de oposición y medios para que el gobierno de Arce frene la injerencia de los seguidores de Morales en el conflicto peruano.

El gobierno de Boluarte dispuso que las Fuerzas Armadas peruanas tomen control de la provincia de Puno mediante un comando conjunto con la policía, debido al estado de emergencia.

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