La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró culpable al Estado de Bolivia por acciones que violaron los Derechos Humanos de 26 personas durante los allanamientos y detenciones llevados a cabo por el gobierno del ex presidente Jorge Quiroga en 2001.
Como resultado del fallo, Bolivia deberá pagar una indemnización a las 26 personas procesadas en el caso “Blas Valencia”. La causa lleva el apellido del ahora ex jefe policial Blas Valencia, quien en 2001 perpetró, junto a su banda delictiva, un atraco armado a una furgoneta de la empresa Prosegur con el saldo de tres muertos, dos policías y un civil, según informó la agencia ABI.
“El Estado es responsable por la violación a los derechos a la libertad personal, a la vida privada, al domicilio, a la protección de la familia, al derecho de propiedad, a la integridad personal”, se lee en la sentencia de la CIDH, refiriéndose a los procesados en el operativo de ‘Blas Valencia’, por el cual se intentó capturar a los sospechosos del atraco a una camioneta que transportaba dinero en diciembre de dicho año.
Según el ente interamericano, los allanamientos nocturnos afectaron “de forma desproporcionada” los derechos de los niños y adolescentes presentes, así como el derecho a la vida familiar. Asimismo, las mujeres fueron víctimas de torturas sexuales durante sus detenciones, según recoge el comunicado.
La CIDH consideró que el Estado de Bolivia violó el derecho a la vida de una de las víctimas que murió a consecuencia de una falta de atención médica adecuada. Además, una de las víctimas sufrió un aborto a consecuencia de la violencia sexual sufrida y no contó con atención médica adecuada, por lo que se consideró además una violación al derecho a la salud.
Las víctimas, además, fueron exhibidas a la prensa como autores del atraco a la camioneta cuando ni siquiera habían sido objeto de una imputación formal, por lo que se ha considerado que se afectó el principio de inocencia.
Debido a las violaciones que habría llevado a cabo el Estado boliviano, la CIDH ordenó diversas medidas de reparación, entre las que se encuentra la revisión de la sentencia condenatoria a las víctimas, el establecimiento de protocolos para la realización de allanamientos y otros actos de investigación judicial en donde estén presentes niños, niñas y adolescentes, así como el pago de sumas indemnizatorias a las víctimas.
Este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició su visita a Bolivia con el objetivo de evaluar a los avances de las recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hizo por los hechos relacionados a la crisis política y social de 2019.
Esta visita se realiza en el marco de la Mesa de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe del GIEI (Meseg) y está presidida por el comisionado relator para Bolivia, Joel Hernández, informó el ministro boliviano de Justicia, Iván Lima.
Lima mencionó que la información que reciba la comisión “va a ayudar a mejorar e implementar todas las recomendaciones” que el GIEI hizo en agosto de 2021, en el informe que entregó al Gobierno del presidente Luis Arce.
El ministro recordó que ese informe estableció unas 36 recomendaciones que están agrupadas en “tres niveles” como la atención a las víctimas por vulneraciones a los derechos humanos, ajustes en el sistema judicial boliviano y acciones de políticas públicas.
Aseguró que “hay avances” en el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI, aunque evitó dar un porcentaje del cumplimiento de esas tareas, mismas que consideró son cuestiones de “mediano y largo plazo” que deben irse cumpliendo.
Lima destacó avances respecto a la “reforma judicial”, la adecuación de la normativa boliviana y la declaración de inconstitucionalidad del delito de sedición y la casi veintena de “personas imputadas” o con “detención preventiva” acusadas por “graves hechos de violación a los derechos humanos”.
Sin embargo, varios de esos pasos son criticados por la oposición como el fracaso de la reforma judicial, que ha tenido al menor tres intentos de realización, y de los llamados “presos políticos” por la crisis política como la expresidenta interina Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos encarcelados.
(Con información de Europa Press y EFE)
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