El Gobierno argentino suma nuevas críticas por las presiones sobre el sistema judicial. En el marco de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Alemania criticó al Ejecutivo encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner por “presiones e intimidaciones” a los jueces argentinos.
“Alemania expresa su preocupación por los intentos de ejercer influencia política en el sistema de Justicia. Alemania en ese sentido recomienda que se fortalezca la independencia judicial y se proteja a jueces e investigadores ante presiones e intimidaciones. Recomienda además trabajar activamente con la oposición para cubrir los puestos vacantes en la procuración general, la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo”, manifestó la diplomática alemana Ann-Jasmin Krabatsch.
Este duro mensaje tiene lugar días antes de la visita que realizará a la Argentina el canciller alemán, Olaf Scholz, para reunirse con el presidente Fernández.
Tras la presentación que hizo este lunes el gobierno argentino ante la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el país, en la que cuestionó a jueces y fiscales, los Estados miembros de esta institución acordaron una serie de recomendaciones entre las cuales se le pidió a la Argentina que “asegure la plena independencia del Poder Judicial”.
Las declaraciones del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, se dieron en medio de la iniciativa del oficialismo para impulsar el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que también busca modificar para ampliar su número de integrantes.
Para el funcionario, “la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo, otrora oposición al gobierno de la anterior gestión”.
Las palabras de la delegación alemana se dan días después de que Estados Unidos cuestionara la embestida del gobierno argentino contra la Corte Suprema.
“Seguimos la situación institucional entre el Gobierno argentino y la Corte Suprema de Justicia. Nosotros creemos necesario que todos los protagonistas institucionales de la Argentina respeten a la democracia y a la separación de poderes”, precisó a Infobae un importante funcionario estadounidense vinculado a la Subsecretaría de Asuntos del Hemisferio Occidental.
El Departamento de Estado, a cargo de Antony Blinken, recibe información de manera periódica de lo que ocurre en América Latina y en otras partes del mundo, por lo que el primero de enero pasado fue notificado de la decisión que había tomado Alberto Fernández.
Ese día, justo antes de abordar el avión que lo trasladó a Brasil para la asunción de Lula da Silva, el Presidente comunicó oficialmente que junto a un grupo de gobernadores solicitaría el juicio político del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, “para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones” en el marco del conflicto con la Ciudad por los fondos de coparticipación.
“También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”, agregó en un texto que firmó y compartió en las redes sociales el jefe de Estado, que de esa manera comenzó una disputa entre poderes.
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