Luis Arce, Perú y las guerras causadas por Evo Morales

El gobierno del Perú analiza la posibilidad de expulsar al embajador de Bolivia y romper relaciones diplomáticas por la intromisión de Evo Morales en la frontera, pero el gobierno de Luis Arce no se da por aludido porque libra una guerra con el departamento de Santa Cruz y otra con el mismo Morales por el control de su partido.

El senador peruano José Cueto propone con insistencia que su país inicie una causa internacional contra Bolivia por la descarada injerencia de Morales en las revueltas de la zona fronteriza, donde se han encontrado correos enviados con municiones desde el Chapare, la zona cocalera.

Se trataría de un gesto de solidaridad de un territorio virtualmente liberado de las leyes bolivianas a un territorio que aspira a lograr lo mismo en la geografía peruana, algo que los militares de ese país han anunciado que no tolerarán que ocurra. Sospechan que existe un plan para unir, en una nueva entidad geopolítica, a las regiones dedicadas al narcotráfico en ambos países.

Pero Arce sólo tiene ojos para su guerra especial contra Santa Cruz desde que mandó a encarcelar a su gobernador, y se mantiene decidido a seguir adelante a pesar de que el resto del país se solidariza con el detenido, Luis Fernando Camacho.

El gobierno comprobó esta semana que sólo tiene posibilidades de contrarrestar las marchas de protesta en la ciudad de La Paz, usando a los miles de empleados de la administración pública. En el resto del país las marchas de protesta no tuvieron rivales que las confrontaran.

Arce todavía no ha aquilatado el problema de la escasez en todo el país de los alimentos que produce Santa Cruz (75% del total).

Antes de mirar el problema peruano, Arce tiene que ocuparse de responder a las críticas de Morales, que lo acusa de estar preparando para el 22 de enero un festejo del aniversario de la llegada del MAS al poder (en 2006) sin invitar a los cocaleros de Chapare. En eso de crear conflictos, el cocalero es un torbellino permanente.

En estos días, los jueces de Arce tuvieron que buscar excusas por no haber entregado, en el plazo previsto, un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los asesinatos de un húngaro y un irlandés en abril de 2009 presuntamente por orden de Morales, en la anterior guerra contra los empresarios de Santa Cruz. La exigencia surgió por las presiones de los gobiernos de esos dos países europeos.

Además, Arce tiene que enfrentar las exigencias de parlamentarios peruanos que le piden frenar a Morales y, por otro lado, las órdenes que le llegan de los seguidores del cocalero para que rompa relaciones con Perú.

Todo esto en medio de insistentes versiones de que Arce podría estar listo para dejar el cargo y llamar a elecciones anticipadas, pensando sobre todo en la crisis económica que está en puertas, y antes de verse obligado a devaluar la moneda y suprimir el subsidio de los combustibles.

Miembros de los Ponchos Rojos, un grupo de aimaras afiliados al MAS, han sido capturados en Perú llevando munición para los narcoterroristas de Sendero Luminoso que alientan y financian las protestas por la destitución de Pedro Castillo.

Además, dirigentes del grupo masista de Morales que fueron mencionados en la disposición que les prohíbe entrar a Perú han proclamado que ellos ingresarán a ese país de todos modos, lo que indigna al gobierno de Ida Boluarte.

Todo esto mientras la escasez de carne de res que normalmente provee Santa Cruz afecta a todo el país, excepto al sur, donde la frontera con Argentina ha sido habilitada para el ingreso irrestricto de carne, además de otros productos de uso diario.

La carne de pollo es el problema mayor de los creados por el cierre de Santa Cruz. No llega del Perú por la convulsión que vive la zona fronteriza, ni las verduras. Se habla del índice “pollómetro”, según el cual cuando el kilo de carne de pollo llega a 28 pesos (8 dólares), se caen los gobiernos, como ocurrió con Morales en 2019.

Una empresa estatal ha tomado la iniciativa de vender carne de pollo en 16 pesos el kilo, pero advirtiendo que sólo podrá entregar un pollo por familia. “Esto ya es comunismo”, dijo un tuit del Viejito Piola.

Pero Arce ha decidido mantenerse firme en su guerra con Santa Cruz. Los jueces, que le obedecen al pie de la letra, suspendieron una audiencia en que Camacho iba a pedir su libertad, aduciendo que faltaba algún detalle.

Tolera que grupos aimaras hayan cercado la cárcel de Chonchocoro, donde está Camacho, y hayan excavado zanjas para evitar el tránsito por la zona.

La intención del gobierno es forzar a que los habitantes de Santa Cruz elijan un nuevo gobernador, pero Camacho ha decidido seguir en el cargo y atender sus obligaciones desde la celda.

Otra guerra tiene Arce: es contra los periodistas. Sus seguidores atacan a los reporteros y camarógrafos, según le tendencia de los medios a los que representan.

El senador Félix Ajpi ha pronunciado la frase más elocuente del pensamiento masista: “Veo que los periodistas llevan cascos. No sé con qué fines.”

Pese a esos cascos, 27 periodistas han sido heridos por las hordas masistas enviadas por el gobierno contra las marchas que piden democracia y libertad.

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