El crimen organizado se ha “logrado infiltrar exitosamente en el sistema de partidos” de Paraguay, para desde allí “controlar el aparato estatal”, denuncia un documento presentado este viernes por una ONG de derechos humanos.
“El 2022 ha dejado en evidencia cómo las estructuras delictivas vinculadas al lavado de activos, al narcotráfico y al contrabando han sometido a la sociedad”, reza el informe anual de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
La investigación alertó que “se configura así un escenario de alto riesgo para la defensa de los derechos humanos”.
En sus más de 500 páginas, el informe, que desde hace 27 años da a conocer esta organización, aborda en 29 artículos la situación de los derechos humanos en el país. Esta vez, el tema del año es “el ascenso del crimen organizado”.
El estudio explica que 2022 comenzó con un evento “traumático” en enero, cuando tuvo lugar un hecho de sicariato en medio de un masivo concierto en la localidad de San Bernardino, “la villa de veraneo de la clase alta paraguaya”.
“Hubo un tiroteo, siete disparos y dos muertos”, relata el documento, que recuerda que una víctima colateral del atentado fue una conocida “influencer”, en alusión a Cristina “Vita” Aranda.
“Para una generación de personas que nacieron después de la dictadura fue un hecho de enorme conmoción social, que marca la irrupción o la toma de conciencia de la metástasis del crimen organizado en el cuerpo social”, dijo a la agencia de noticias EFE el director académico de la compendio, Hugo Valiente.
Apuntó que hasta entonces no se había registrado un atentado así fuera de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en la frontera con Brasil y a la que el informe describe como “la ‘zona cero’ del narcotráfico en el Paraguay”.
De igual forma, consideró que el asesinato, en mayo pasado en territorio colombiano, del fiscal antimafia Marcelo Pecci terminó por dejar en evidencia “el grado de penetración del crimen organizado”.
Además, Valiente detalla que en el documento se mencionan la distribución de la tierra y el modelo económico vinculado a la estructura latifundista del país como “el principal factor vulnerador de derechos”.
“Este año volvimos a tener un año sumamente violento en cuanto a desalojos forzosos” de tierras, sentenció el experto, quien explicó que en el informe se alerta sobre la continuidad de una “campaña represiva” que vinculan a la “persecución y desarticulación de comunidades indígenas y campesinas que se resisten al modelo extractivista”.
El informe, en cuya elaboración participaron 47 expertos, desgrana también la situación de la salud, la educación, el acceso a la vivienda digna, discapacidad, alimentación, derecho de niños, y de las “comunidades TLGBIQ”.
(Con información de EFE)
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