La Fiscalía de Bolivia agrupó en un solo caso las denuncias contra los líderes de las protestas en Santa Cruz

La Fiscalía General del Estado informó este lunes que las denuncias interpuestas en contra de los líderes cívicos de Santa Cruz, la mayor región de Bolivia, por la huelga indefinida exigiendo censo en 2023 que duró 36 días, se agruparán en un solo caso.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, manifestó que se ha dispuesto que se acumulen todas las denuncias en contra del gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, en un solo caso.

Argumentó que se determinó que se agruparan debido a la “conexitud” de los casos y esta investigación estará a cargo de la Fiscalía Departamental de La Paz.

“A partir de la acumulación va a ser la comisión de fiscales quienes establezcan el calendario de convocatoria a cada una de estas personas, reitero en un solo proceso todos los casos”, manifestó Lanchipa a los medios.

Lanchipa indicó que los líderes cívicos están siendo investigados por al menos una decena de delitos penales que fueron presentados en tres denuncias independientes, sin precisar los mismos.

Por su parte, Cuéllar sostuvo que se reunirá el Comité Interinstitucional que impulsaba el censo para 2023 para hacer conocer su postura respecto a las denuncias en contra de líderes cívicos.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados manifestó que la Fiscalía debe realizar una investigación sobre los “autores materiales e intelectuales” de los actos violentos suscitados en Santa Cruz y que bajo la “persecución política” quieren “evadir a la Justicia”.

El fin de semana, el Comité Pro Santa Cruz emitió un comunicado señalando que se declaran en “estado de emergencia” y exigieron a las autoridades bolivianas el “cese a la persecución política” a las personas que realizaron la huelga indefinida.

En tanto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el vocero presidencial, Jorge Richter, fueron enfáticos en señalar que los hechos suscitados en los 36 días de paro no deben quedar impunes y se debe dar con los responsables.

De la misma manera, esta jornada el mandatario boliviano sostuvo que “jamás” permitirá una nueva pérdida de territorio haciendo referencia a la propuesta de líderes cívicos de “revisar” la relación de esa región con el Estado.

En el paro indefinido se registraron cuatro fallecidos, varios heridos, detenidos y enfrentamientos entre quienes apoyaban y rechazaban la medida de presión.

La pasada semana Arce promulgó una ley sobre la distribución de escaños parlamentarios y recursos a partir de los datos finales del censo que en un decreto determina que finalmente se realizará el próximo 23 de marzo de 2024.

(Con información de EFE)

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