Después de haber enviado hordas cocaleras y furiosos policías contra Santa Cruz, el gobierno de Luis Arce amenaza con detener a los dirigentes cívicos, que ahora decidieron revisar la futura relación de la región con el Estado boliviano.
Criticado por Evo Morales, por la oposición, los ciudadanos que odian la idea de un nuevo fraude electoral, de todos modos Arce decretó que el censo se haga el 23 de marzo de 2024, lo que no dará tiempo para conocer los vacíos del padrón electoral donde anida la trampa.
Santa Cruz exige ahora garantías de que los resultados del censo serán tomados en cuenta en las elecciones de 2025.
Una fiscalía de la lejana ciudad de La Paz aceptó una demanda penal contra el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, el dirigente cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad cruceña, Vicente Cuéllar, por presuntos atentados contra el presidente y violaciones del orden público.
Un masivo cabildo abierto realizado este domingo en Santa Cruz mostró la determinación de esa ciudad de dos millones de habitantes de mantener el paro de labores que lleva 23 días y que ahoga la economía.
Calvo hizo cinco consultas a los presentes en el cabildo, con respuestas positivas, referidas al censo y las elecciones. La segunda fue:
“¿Están todos de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional, que en el marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado Boliviano?”
La respuesta fue un estruendoso “Si”.
Es que los abusos cometidos por las hordas enviadas por el gobierno, con y sin uniforme, llegaron a extremos inaceptables. Parecían furiosas tropas rusas avanzando en Ucrania.
La columnista Susana Seleme tuiteó de inmediato lo siguiente sobre la pregunta acerca de la futura relación de Santa Cruz con el Estado boliviano:
“Susana Seleme: ¡Gran salto cualitativo político, pues se habla de la relación de Santa Cruz con el Estado!
“Ya no se pide (el censo en) 2023; se ha dado un salto cualitativo político: es la relación con un Estado centralista y unitario. En realidad, la lucha ya es por una Reforma del Estado ...”
En medio de las protestas, los empresarios de Santa Cruz piden al gobierno de Arce levantar la prohibición de exportaciones que dispuso al comenzar el conflicto y que frena la salida de carne bovina, soja, aceites, granos, que representan 77% de las exportaciones no tradicionales de Bolivia.
Saben los líderes cruceños que la economía está en terapia intensiva, pero el presidente Arce no parece saberlo, a juzgar por el discurso triunfalista que hizo la semana pasada.
El Banco Central tiene ahora apenas 886 millones de dólares de reservas y sus funcionarios creen que, sumado el conflicto, en enero podría darse una situación de quiebra.
La balanza energética es negativa, ahora que las exportaciones de gas generan menores dólares que los necesarios para importar gasolina y diésel.
Esto inspira a quienes creen que Arce se esmera en hacer crecer la crisis porque desea ser derrocado, a fin de que la crisis económica caiga como una papa caliente en la boca de un gobierno opositor.
Arce dijo al anunciar la fecha definitiva del censo que el anterior, realizado en 2012, fue hecho sin una cartografía actualizada, lo que equivale a una auto inmolación, pues él era ministro de economía en aquel momento.
Estaba justificando el aplazamiento del censo de ahora, que debía hacerse en estos días de noviembre de 2022, con el pretexto de que es preciso contar con una cartografía completa.
Evo Morales opinó que con los medios informáticos de ahora las cartografías se hacen con mucha facilidad y que es débil el argumento de Arce. Además, recordó que el censo de 2012 costó un tercio de lo que costará el de 2024.
Morales criticó incluso la fecha elegida por Arce, el 23 de marzo, un día feriado en Bolivia, el Día del Mar, en recuerdo de la no provocada invasión chilena de 1879 al territorio boliviano sobre el Pacífico.
Desde el frente del presidente, el diputado Héctor Arce segura que los seguidores de Morales quieren derrocar a Luis Arce mediante un golpe, para luego presentar al cocalero como el salvador.
Los habitantes de Santa Cruz temen que ahora el gobierno ordene a las fuerzas policiales y civiles armados que ha desplazado a la ciudad de Santa Cruz, que entren en batalla, golpeen con más furia todavía a las personas y capturen a los dirigentes de la protesta.
Sería un operativo idéntico al que Morales comandó en 2009 contra los dirigentes de Santa Cruz, que incluyó la detención de dirigentes cívicos, empresarios, periodistas, el asesinato de tres extranjeros.
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