
La crisis política y social en Cuba ya suma más de mil detenidos arbitrariamente por el régimen castrista en el último año; entre ellos, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), quien fue encarcelado hace un año, tres meses y veinte días a causa de sus convicciones.
Este lunes, nuevamente y tras cuatro horas de espera, los agentes del régimen a través del Mayor Ortiz le negaron la visita matrimonial reglamentaria a Nelva Ismarays Ortega Tamayo.
La mujer denunció que ayer se dirigió a la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, ya que era la fecha en la que le correspondía la visita. Sin embargo, al llegar al establecimiento le fue negado el encuentro. Según establece la ley, este tipo de visitas deben permitirse cada dos meses. Sin embargo, a pesar de que la cuarta y última fue el pasado 30 de abril, las autoridades penitenciarias se negaron a autorizarla.
Ortega Tamayo denunció que tampoco se cumple el régimen de visitas familiares, habiendo sido el último el 27 de mayo, y se le niega la posibilidad de realizar llamadas telefónicas -la última de ellas el 4 de julio “bajo protesta”-, todo en el lapso de más de un año de detención.

A su regreso de la prisión, la mujer emitió un llamado a la comunidad internacional en el que reclamó una muestra de vida de su esposo y advirtió que la vida del líder opositor corre peligro.
Ferrer fue puesto tras las rejas el 11 de julio de 2021 cuando intentó unirse junto a su hijo a las manifestaciones en contra del régimen que estallaron ese día en todo el país. Según Amnistía Internacional, se trata de un “preso de conciencia”.
En un primer momento, la familia pasó casi un mes sin noticias de su paradero real, cuando estaba en el centro de tortura de Versalles. Luego, en agosto de ese año, según explica su esposa, fue trasladado a la actual prisión.

Sin embargo, las condiciones allí son deplorables. “Está confinado en una celda de castigo, bajo régimen de aislamiento, torturas físicas y psicológicas por parte de las fuerzas penitenciarias y en condiciones inhumanas crueles y degradantes”, alertó.
Además, agregó que no tiene acceso a una “alimentación digna, atención médica o asistencia religiosa” y el contacto con el exterior es muy limitado, “incluso para tomar el sol”.
Ante esta delicada situación, la mujer convocó a organizaciones de derechos humanos a pronunciarse al respecto y exigir una prueba de fe de vida. En el pasado, el régimen dio cuenta de ello en tres oportunidades -una de dos minutos el 12 de julio, otra de 15 minutos el 5 de septiembre y la última de diez minutos el 11 de octubre-.
Desde entonces, la familia no ha tenido ningún tipo de noticias y temen por la vida del preso. Su esposa aseguró que la última vez que pudo verlo estaba “más deteriorado físicamente, manteniendo sus patologías de base”.

Por otro lado, señaló su preocupación ante la advertencia de Ferrer de que, una vez finalizada la provisión de alimentos que le fue entregada por su familia hace más de 40 días durante la última visita, comenzaría una huelga de hambre.
Este recurso extremo al que advirtió que recurriría en reclamo de sus derechos como prisionero político ha alarmado al mundo. “Asumimos con pesar la decisión de José Daniel Ferrer de iniciar una huelga de hambre como último recurso ante su cautiverio y las torturas que sufre”, había manifestado en su cuenta de Twitter José Ramón Bauzá, eurodiputado español y padrino político de Ferrer ante la comunidad internacional, tras el anuncio.
A pesar de que los oficiales castristas aseguran que no la ha comenzado, Ortega Tamayo dijo que “la preocupación cada día es mayor porque sólo mi esposo puede confirmarnos o no lo que dicen”. En ese sentido, y teniendo en cuenta el historial de violación a los derechos humanos en la isla, continuó: “De no estar (en huelga de hambre), nos surge la siguiente pregunta: ¿cómo estará ingeniandose para alimentarse? Y, de haberla iniciado, no sólo serían graves las consecuencias para su salud sino que su vida estaría corriendo grave peligro, incluso de muerte”.
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