
“Antes había detenciones arbitrarias y te golpeaban, pero desde el 11 de julio del año pasado el dictador Miguel Díaz Canel dio carta abierta a la mal llamada Seguridad del Estado, la policía política cubana, para robar y asesinar”, denuncia en comunicación con Infobae Nelva Ismaray Ortega Tamayo, que exige una prueba de vida de su esposo, el disidente José Daniel Ferrer.
“Dio la orden para que hagan lo que quieran, es una carta abierta”, insiste desesperada.
Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), está en una pequeña celda, aislado y sin luz natural. Está preso desde el 11 de julio del año pasado cuando fue detenido de manera preventiva antes de que lograra unirse a las históricas manifestaciones en la isla. En un principio lo mantuvieron en prisión domiciliaria pero luego la Justicia castrista lo recluyó en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, donde se supone que aún está pero ni su esposa ni nadie de su entorno puede verlo.
Justo antes de que quedara incomunicado, el 4 de junio pasado, había anunciado que realizaría un ayuno durante los días de la Cumbre de Las Américas en Los Ángeles, en protesta ante la posición de presidentes como el mexicano y argentino que pretendían que los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua participaran dle evento. “Eso es lo que molestó tanto, esa fue la última comunicación que tuve con mi esposo. Todo es una tortura para él y para nosotros”, cuenta Ortega Tamayo.
Según revela, el mismo Ferrer le adelantó que lo iban a silenciar. “Si me desaparecen es porque me golpearon brutalmente o para que no se enteren de mi huelga de hambre”, le dijo a su esposa en esa última conversación telefónica que fue interrumpida abruptamente por el régimen hace más de 35 días.
Ortega Tamayo está segura de que a Ferrer lo quieren callar para que no de un mensaje por el aniversario de las históricas protestas del 11J, cuando miles de cubanos salieron espontáneamente a las calles para protestar contra la dictadura castrista. “La represión ya se ve, hay carros de boinas negras -el escuadrón de represión castrista- en todos lados. Buscan intimidar, porque tienen carta abierta para todo”, afirma.
La esposa del disidente detalla los horrores que sufre en prisión: “No le dan atención médica, está enfermo, es hipertenso, tienen una gastritis crónica, le dan comida con gusanos, lo someten a ruidos ensordecedores que le producen dolores de cabeza insoportables… Lo ideal para ellos sería asesinarlo pero no pueden hacerlo por la presión internacional, gracias a los eurodiputados y al Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU”. Y agrega: “Hasta que cumplan con nuestro derecho, que es una prueba de vida, vamos a seguir dándolo por desaparecido”.

“Esta es una dictadura cruel, asesina y narcotraficante”, denuncia. ”Mi esposo entregó más de la mitad de su vida por esta lucha por la libertad”. Pero advierte: “Aunque nos tengan a todos encerrados, van a haber muchos 11J”.
Días atrás, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU exigió al régimen cubano informar sobre el paradero del opositor. En una nota de prensa difundida por la ONG Prisoners Defenders, se detalla que Naciones Unidas respondió de esta manera a una solicitud previa de la asociación, con sede en Madrid. “Entre otras acciones, se inició procedimiento de Habeas Corpus que Cuba no respondió cumpliendo los procedimientos formales y temporales exigidos por la propia Ley de Cuba”, señala el comunicado.
En una carta dirigida al régimen de la isla, el Comité de la ONU recuerda que “la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley, cualquiera sea la duración de dicha privación de libertad u ocultamiento” constituye una “desaparición forzada”.

El disidente lleva una vida de lucha contra la dictadura castrista: fue encarcelado como parte del Grupo de los 75, durante la Primavera Negra de 2003 y pasó 8 años en los calabozos del régimen.
Tras las gestiones internacionales que permitieron la libertad para esos presos de conciencia decidió seguir en la isla pero fue detenido el 1 de octubre de 2019 y en febrero de 2020 condenado a prisión tras un juicio a puertas cerradas por un supuesto delito de lesiones a otro hombre, cargo que sus familiares y colaboradores niegan.
Luego de seis meses encerrado, y en medio de fuertes presiones internacionales, en abril de 2020 se le conmutó la pena por una sanción de cuatro años y medio de detención domiciliaria pero en julio pasado la dictadura temía que cobrara un rol protagónico en la jornada espontánea del 11 de julio y lo volvió a encarcelar: desde entonces comenzó el último capítulo de la pesadilla de Ferrer y su familia.
Ortega Tamayo cuenta desde las tripas lo que sufre su marido. “Es mi amor, es mi amigo y es inocente”, repite una y otra vez al tiempo que afirma que jamás se cansará de pedir por él.
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