Una organización internacional que persigue el lavado y la trata quiere abrir su oficina regional en Uruguay

Crime Stoppers, una organización que trabaja de manera anónima para la prevención y persecución de delitos trasnacionales, manifestó su intención de instalarse en Uruguay. Esta información fue transmitida a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) uruguaya, según informó La Diaria.

El objetivo es abrir una oficina subregional para el Mercosur en Uruguay porque el país “siempre ha mantenido una constante institucionalidad política” y desde allí se podría trabajar en este tipo de delitos y sus “efectos en la sociedad”.

Crime Stoppers es un centro independiente internacional de denuncias anónimas, especializado en delitos como lavado de activos y la trata de personas. Trabajan todos los días del año, las 24 horas, recibiendo denuncias de manera anónima y ofreciendo la máxima seguridad para aquellos individuos que estén dando información.

Según consideró el director regional de la organización, Alejo Campo, en la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y el Crimen Organizado, es necesario que Uruguay aparezca en algunos estudios de Naciones Unidas sobre “trata de personas o incautaciones de cocaína” en los que no está presente.

No obstante, Campo -uruguayo radicado en Panamá- sostuvo que se necesita de una normativa “lo suficientemente flexible, que esté actualizada y, sobre todo, que tenga una visión global”.

Te puede interesar: Detuvieron en Paraguay al narco uruguayo que intentó traficar 417 kilos de cocaína a Europa camuflada entre lana

También se refirió a la “falsa percepción de que en Uruguay no pasa nada”, algo que facilita “que estructuras de crimen organizado, en silencio, operen usando y abusando de nuestro sistema y de nuestras legislaciones”. “Toda la droga que ha salido por los puertos uruguayos hacia Europa o África, principalmente, se contrapone con el pensamiento de que no pasa nada”, añadió.

Respecto al lavado de dinero en Uruguay, Campo señaló que el aumento en la utilización del sistema uruguayo para blanquear dinero “va a bajar la competitividad, porque hay una cantidad de navieras internacionales que no van a querer estar involucradas en puertos que se están usando con transacciones en las que se pueda estar lavando dinero”.

Te puede interesar: Un especialista en seguridad advirtió que la atención de los narcos se focalizó en el puerto de Montevideo

Las consideraciones de algunos senadores

Según consignó la prensa uruguaya, los legisladores tomaron la intención de Crime Stoppers como algo positivo. Bettiana Díaz, presidenta de la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y el Crimen Organizado, expresó que Uruguay ya no es un país de tránsito en lo que respecta a crimen organizado trasnacional, sino que ya es un “país de destino”.

En ese sentido, destacó que durante los últimos tiempos “ha habido una flexibilización de la percepción del riesgo, por diferentes motivos, y además también tenemos debilidades institucionales en los organismos de contralor”.

El diputado colorado Conrado Rodríguez, por su parte, no estuvo de acuerdo con lo dicho por Díaz y aseguró que el “combate contra el crimen organizado” en Uruguay “ha venido avanzando más allá de los gobiernos”. Sin embargo, dijo que “hay que actuar con mucha fuerza” para que los bienes adquiridos a través del delito “pasen a manos del Estado”.

En relación al punto anterior, el director de Crime Stoppers recomendó ley de extinción del dominio, para que se le devuelva “a la gente a través de algo concreto el daño que el crimen organizado le ha hecho”: “Una forma de resarcir ese daño es devolver el uso de estos bienes que han sido obtenidos de forma ilegal, o que sirven para cometer delitos”.

Este tipo de ley, aplicada en países como Colombia, establece que todos los bienes de orígen ilícito -y no solo delictivo- que sus propietarios no puedan justificar su origen sean incaudatos y pasen a ser propiedad del Estado. “De nada sirve seguir haciendo incautaciones de contrabando de cocaína si no tenemos rápidamente la potestad para que ese bien pase a dominio del Estado”, agregó Campo.

SEGUIR LEYENDO: