Ciudadanos rusos tramitaban ante la Corte Electoral uruguaya la credencial cívica para poder cumplir con las exigencias estipuladas por bancos para abrir cuentas y por escribanos para la compraventa de propiedades, informó El País citando fuentes de la investigación en torno al ex custodio de Luis Lacalle Pou. En ese sentido, se pudo confirmar que en algunos casos consiguieron abrir las cuentas y en otros lo intentaron.
La investigación que abarca a la red de falsificación integrada por el ex custodio del presidente uruguayo, Alejandro Astesiano, continúa involucrando organismos del estado uruguayo como parte del modus operandi que gestionaba cédulas y pasaportes reales a través de documentos rusos modificados.
Según comunicó la prensa uruguaya, parte de la documentación que está siendo analizada por la fiscal Gabriela Fossati contiene trámites de rusos ante la Corte Electoral para conseguir la credencial cívica. A través de este documento podrían superar exigencias bancarias y letradas para la compraventa de propiedades, algo que avanza en la línea de que decenas de rusos no solo se interesaban por la ciudadanía y el pasaporte uruguayo para luego irse del país, sino que también tenían la intención de radicarse en el Río de la Plata.
En estos casos, quienes realizaban el trámite para acceder a la credencial ya contaban con cédula y pasaporte uruguayo o se habían amparado en la ley 16.021 que interpreta el artículo 74 de la Constitución y establece seis exigencias para poder acceder al documento. Entre ellas se encuentran “la permanencia en el país por un lapso superior a tres meses”; el “arrendamiento o la promesa de adquirir o la adquisición de una finca para habitar en ella”; la “instalación de un comercio o industria”; el “acceso a un empleo en la actividad pública o privada”; la “inscripción y concurrencia a un centro de estudio público o privado, por un lapso mínimo de dos meses”; y “cualquier otro acto similar demostrativo del propósito mencionado”.
Esta situación acerca la hipótesis que vincula la maniobra de los rusos con el lavado de dinero. Estas personas podrían estar interesadas en instalarse en Uruguay y, desde este país, manejar su dinero.
La fiscal Fossati informó que “están involucrados funcionarios públicos” de distintos organismos uruguayos en la red de falsificación de documentos desbaratada en setiembre de este año. Según informó El Observador, dos jerarcas del Ministerio del Interior fueron citados a declarar en calidad de indagados; hoy lo hará el ex custodio de Lacalle Pou, Alejandro Astesiano.
Hasta el momento Fiscalía solicitó informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Corte Electoral, a la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), al Registro Civil, a la Dirección General Impositiva (DGI) y al Banco de Previsión Social (BPS).
Piden prórroga en la prisión de Astesiano
La fiscal Fossati solicitará este viernes la extensión de las medidas cautelares de Astesiano, actualmente imputado por los delitos de suposición de estado civil (falsificación de documentos) y asociación para delinquir.
El plazo dado por la Justicia fue de 30 días para investigar el caso, pero desde Fiscalía consideran insuficiente ese tiempo y piden prorrogar los plazos para poder recibir y analizar la mayor cantidad de pruebas posible.
La audiencia estaba prevista para este jueves, pero se tuvo que suspender por “fallas técnicas”.
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