Organizaciones de derechos humanos de El Salvador registran al menos 577 personas desaparecidas a causa de la violencia social en los primeros cinco meses de 2022, de acuerdo con información proporcionada este martes.
Las entidades, que integran el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador, señalaron en un comunicado que la cifra de casos, de los que no se brindaron detalles, les fue proporcionada por la Oficina de Información y Respuesta de la Policía Nacional Civil (PNC).
A propósito del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas expresó su “consternación” por la situación que “pasan personas con familiares desaparecidos”.
Indicaron que a los casos de las personas desaparecidas por la violencia se suma los casos de detenciones arbitrarias que “muchos tienen características de detenciones secretas”, que es una “modalidad de desaparición forzada” cuando “las autoridades no reconocen la detención o se niegan a dar información sobre la persona detenida”.
Lo anterior, de acuerdo con las organizaciones, se da en el contexto de la medida de régimen de excepción implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para “combatir” a las pandillas, grupos señalados de cometer la mayoría de asesinatos en el país centroamericano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió el año pasado a El Salvador a adoptar medidas “preventivas” ante las desapariciones forzadas, un delito que, según organizaciones de derechos humanos de ese país, ha sufrido un “considerable aumento”.
El Salvador es asediado por la pandillas Mara Salvatrucha, Barrio 18 y otras minoritarias.
“Las desapariciones forzadas son graves violaciones a derechos humanos y, pueden ser a su vez, crímenes de lesa humanidad si se comenten como parte de un plan, un ataque generalizado o sistemático dirigido a población civil”, añadieron.
El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos atribuida a las pandillas el último fin de semana de marzo que dejó mas de 80 víctimas.
Bajo esta suspensión de garantías constitucionales son más de 51.200 las personas detenidas, según cifras oficiales.
Las organizaciones sociales salvadoreñas e internacionales han recibido miles de denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos, además de señalar que bajo este régimen se han dado detenciones arbitrarias y tortura.
La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 17 de agosto la quinta prórroga del régimen de excepción, por lo que su vigencia se extiende hasta finales de septiembre.
La organización Amnistía Internacional (AI) reiteró recientemente que la medida del régimen de excepción “ha creado una crisis” de derechos humanos.
(Con información de EFE)
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