La ONG Acción Ciudadana advirtió este miércoles que el desempeño en los últimos años del Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador (IAIP) representa un “grave riesgo” en el combate a la corrupción.
“El desempeño observado en el Instituto de Acceso a la Información Pública en el cumplimiento de sus obligaciones legales representa un grave riesgo para la prevención y combate a la corrupción, puesto que se aprecia una disminución significativa en la cantidad de casos resueltos”, indicó la ONG en un comunicado.
Agregó que también se registra “una amplia reducción de las resoluciones emitidas a favor del ciudadano y se ha incrementado el rechazo de casos en beneficio de las autoridades que deniegan el acceso a la información”.
La legislación salvadoreña establece que si un ente estatal se niega a entregar información pública a los ciudadanos, estos pueden apelar ante el IAIP.
Acción Ciudadana analizó los datos de “procedimientos de apelación y denuncias” recibidas por el IAIP entre enero de 2019 y abril de 2022.
“Se observa que los casos resueltos en favor de la ciudadanía disminuyen drásticamente y los plazos de resolución de los procesos conocidos por el IAIP tienden a ser más largos que en años anteriores”, indicó la entidad no gubernamental.
Reflejado en cifras, el informe indica que en 2021 solo 19% de casos tuvo respuesta en favor de la ciudadanía. Mientras que en 2020 fue el 49% y en 2019 el 38%.
Otro de los datos evidenciados en el análisis es que entre 2020 y 2021 se observa una baja del 62% en las resoluciones de fondo emitidas y un incremento del 60% en los casos rechazados.
Diversas organizaciones acusan a las autoridades del IAIP de apegarse al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien juramentó en agosto del 2020 al actual titular del ente, Ricardo Gómez.
En febrero pasado, la comisionada del IAIP, Liduvina Escobar, denunció su remoción del cargo en un “proceso sin pruebas y arbitrario” por parte del gobierno de Bukele.
También la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha denunciado en el pasado que la elección del representante del gremio no ha respetado el procedimiento legal establecido.
El pasado sábado, la APES denunció que agentes de la Policía Nacional Civil retuvieron temporalmente y “sin justificación” a la fotoperiodista Yessica Hompanera.
“Los agentes la retuvieron por más de media hora, la acosaron y amenazaron con confiscar su teléfono celular, cámara fotográfica y revisar el material periodístico”, indicó en una alerta publicada en sus redes sociales.
Agregó que los agentes de la policía “retuvieron sin justificación a la periodista de El Diario de Hoy”, quien “ejercía su labor periodística en el centro de San Salvador” y documentaba el tráfico de la zona.
(Con información de EFE)
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