El régimen de Nicaragua ordenó el cierre de otras 100 ONG, con lo que sumarían 958 las organizaciones civiles sin fines de lucro disueltas tras la revuelta popular de abril de 2018, informó este domingo el Poder Legislativo.
La ilegalización de las 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a petición del régimen a través del Ministerio de Gobernación, fue presentada ante la Asamblea Nacional (Parlamento) por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez.
Rodríguez, promotor de las iniciativas, ha sostenido que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
Por su lado, el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, ha dicho que la ilegalización de las ONG forma parte de un proceso de ordenamiento “de algo que estaba al garete”, debido a que habían organizaciones sin funcionar y otras que incumplían con las leyes, no rendían cuentas o no cumplían con sus propios estatutos.
También ha anunciado que continuarán “con este trabajo de limpieza” bajo el argumento de que no pueden existir más de 6.000 ONG en Nicaragua “que no estén haciendo nada”.
Asimismo, ha calificado a los organismos sin fines de lucro de “instrumentos del neoliberalismo”, de haber “tomado auge en los gobiernos neoliberales”, en alusión a las Administraciones entre 1990 y 2007, “precisamente para actuar como instrumento contra los sindicatos y la organización del pueblo”, aunque varias de las disueltas fueron formadas por sandinistas.
En lo que va de año, el régimen de Ortega ha liquidado 659 ONG y un total de 858 desde diciembre de 2018, con lo que el número de organismos ilegalizados se elevaría a 759 y 958, respectivamente.
En la nueva lista de 100 ONG afectadas hay asociaciones de defensa de los derechos humanos, medio ambiente, periodistas, salud, desarrollo comunitario, asistencia social, ciencia y tecnología, entre otras.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Ortega, de 76 años, lleva 15 años y 5 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.
(Con información de EFE)
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Edmand Lara, vicepresidente boliviano, pierde protagonismo y apoyo social frente a la gestión de Rodrigo Paz
La creciente tensión en la cúpula del Ejecutivo de Bolivia se evidenció en actos públicos y medidas administrativas discutidas por organismos constitucionales
La policía chilena detuvo al principal sospechoso de los incendios forestales en el país que dejaron al menos 21 muertos
Las autoridades arrestaron a un hombre de 39 años con antecedentes, presuntamente responsable del fuego que causó la mayoría de las víctimas fatales en la región del Biobío
Ordenaron arrestar al hijo menor del ex presidente Luis Arce tras ausentarse en la audiencia por enriquecimiento ilícito
Rafael Arce Mosqueira, sometido a un proceso penal por posibles movimientos financieros irregulares relacionados con compras inmobiliarias, fue declarado en rebeldía después de no presentarse ante la justicia
Feria de bienes raíces en Panamá mide la respuesta del mercado a la nueva ley de interés preferencial
La normativa busca facilitar el acceso a la primera vivienda
Tras la presión de Trump, el Parlamento de Venezuela aprobó una reforma que desmantela el control estatal del petróleo
La iniciativa rompe con las bases del modelo instaurado por Hugo Chávez y elimina la obligación de asociación mayoritaria con PDVSA, flexibiliza regalías y habilita el arbitraje internacional
