El régimen de Daniel Ortega, a través del parlamento que controla, canceló este jueves las personalidades jurídicas de otras 98 ONG nicaragüenses bajo el argumento de que incumplieron con sus obligaciones, con lo que suman 657 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018.
La disolución de las 98 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fue aprobada con carácter urgente por los 74 diputados sandinistas y sus aliados. Otros 16 legisladores, de los 91 que integran el Parlamento, se abstuvieron, y uno se ausentó.
Entre las organizaciones afectadas están la Asociación de Discapacitados Nicaragüenses, Asociación Red Nacional de Defensa de los Consumidores, Asociación Red de Niños y Ancianos Abandonados, Red de Comunicadores para el Abordaje del VIH y el Sida en Nicaragua, entre otras de desarrollo comunitario.
En un informe, el régimen de Nicaragua argumentó que esas 98 ONG han incumplido con sus deberes y obligaciones establecidas en la legislación que les regula, “obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones con Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación”.
Además, esas ONG violaron la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, en vigor desde el 6 de mayo pasado; así como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, y la Ley Contra el Lavado de Activos.
Con esas nuevas 98 asociaciones, se elevó a 191 el número de las ONG disueltas en los últimos dos días, incluido el Centro Nicaragüense de Escritores, fundado por el fallecido sacerdote y poeta Ernesto Cardenal (1925-2020).
En Nicaragua, con el voto de los sandinistas y sus aliados, que son mayoría en el Parlamento, se ha cancelado la personalidad jurídica al menos 657 ONG -incluidos 42 organismos extranjeros- desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.
El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, promotor de las iniciativas, ha sostenido que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que ha dejado centenares de muertos en protestas populares tildadas de intento de golpe de Estado por Ortega, que lleva 15 años y cinco meses consecutivos en el poder en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.
(Con información de EFE)
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