El régimen de Nicaragua solicitó al Parlamento el cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua, una entidad con 94 años de existencia, señalada junto a otras 82 organizaciones sin fines de lucro de incumplir la ley por no declararse “agente extranjero”, según la agenda de sesiones.
La iniciativa será discutida el martes en una sesión plenaria por el Parlamento, que cuenta con una mayoría afín a la dictadura.
La Academia Nicaragüense de la Lengua, con sede en Managua, fue creada en agosto de 1928, y entre sus miembros destacados figura el escritor Sergio Ramírez.
La propuesta para la cancelación de 83 oenegés, que incluye a la Academia, fue presentada por el presidente de la Comisión de Justicia y Gobernación, el sandinista Filiberto Rodríguez, quien señala en la exposición de motivos que no se inscribieron como “agentes extranjeros”, a lo que están obligados por ley.
La Real Academia Española (RAE) expresó este lunes su “profunda preocupación por la noticia del posible cierre” de su entidad homologa nicaragüense, “lo que causará su desaparición después de 94 años de servicio al mayor valor cultural de la nación”.
Con estas 83 Oenegé aumenta a más de 200 entidades canceladas por el gobierno del presidente Daniel Ortega desde 2018, en el contexto de la crisis detonada por las protestas antigubernamentales, que dejaron un saldo de más 355 muertos y miles de exiliados.
El régimen acusa a estos organismos, entre ellos defensores de derechos humanos, de utilizar las donaciones recibidas para intentar derrocar a su gobierno con apoyo de Estados Unidos.
El mandatario, de 76 años, esta en el poder desde 2007 y obtuvo un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre, con sus rivales presos.
Entretanto, un informe del Observatorio para la Tortura presentado este lunes concluyó que en Nicaragua la justicia es utilizada como instrumento de una “política de represión”, en contra de los opositores.
De acuerdo con el informe, titulado Análisis sobre procesos judiciales. Diciembre 2021 - marzo de 2022, al menos 66 personas fueron arrestadas y condenadas en el contexto de los comicios en los que Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, fueron reelegidos como presidente y vicepresidenta, respectivamente.
Según el estudio, el régimen de Ortega y Murillo utiliza el “Poder Ejecutivo como un órgano de represión y criminalización a las personas opositoras, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos”.
El Observatorio, que pertenece al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señaló que, tras el anuncio de la reelección, hubo un “incremento de la estigmatización y hostilidad hacia las personas presas políticas, especialmente, luego del discurso presidencial en que les llamó ‘hijos de perra’, por lo que se puede considerar un incremento en la saña hacia las más de 181 personas presas políticas para ese entonces”.
El informe resaltó la “ausencia de autonomía e independencia del Ministerio Público”, y describió al “Poder Ejecutivo como un órgano de represión y criminalización a las personas opositoras, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos (…). Los juicios contra estas personas presas políticas solidifican el totalitarismo y la sumisión de este Poder a la pareja presidencial”.
(Con información de AFP)
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