La Fiscalía General de Brasil presentó este lunes una denuncia formal por homofobia contra el ministro de Educación, Milton Ribeiro, debido a una entrevista en la cual afirmó que la homosexualidad es producto de “familias desajustadas”.
La denuncia fue presentada ante la Corte Suprema, la cual deberá decidir si el ministro, también pastor de una iglesia evangelista, responderá a un juicio penal por homofobia, un delito que las leyes brasileñas equiparan al racismo y castigan con penas de hasta cinco años de prisión.
De acuerdo con la acusación, “al afirmar que jóvenes homosexuales proceden de familias desajustadas, el denunciado discrimina a esos jóvenes por su orientación sexual y, con prejuicios, descalifica a las familias”.
La entrevista en cuestión fue dada por el ministro en septiembre de 2020 al diario O Estado de Sao Paulo, que le preguntó su opinión sobre la educación sexual en las escuelas, la cual consideró “importante” siempre que no aborde cuestiones de género o relativas a la homosexualidad.
“Creo que el adolescente, muchas veces, se va por el camino del ‘homosexualismo’ (sic) porque procede de familias desajustadas”, en las que “falta atención del padre y de la madre”, respondió.
Agregó que cuando “vemos a un chico de 12 o 13 años que opta por ser gay” hay por detrás “cuestiones de valores y principios” que, en su opinión, responden a ese supuesto “desajuste” familiar.
Esas declaraciones levantaron una enorme ola de críticas, surgidas sobre todo en organismos de derechos humanos, y el ministro intentó explicar que “jamás” quiso “discriminar o incentivar alguna forma de discriminación” y pidió “disculpas” en una nota oficial.
Sin embargo, la Fiscalía General recibió autorización del Supremo para investigar el asunto y este lunes presentó una denuncia formal.
Ribeiro asumió en julio de 2020 el Ministerio de Educación, que ha sido un dolor de cabeza para el presidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha y quien también ha sido acusado diversas veces de homofobia.
El pastor sustituyó al economista Carlos Alberto Decotelli, quien estuvo en el cargo solo cinco días y renunció en medio de escándalos por una serie de falsedades en su currículum.
Antes de Decotelli, había dirigido ese despacho el economista Abraham Weintraub, un polémico agitador de ultraderecha que dimitió por fuertes presiones de la base parlamentaria oficialista.
Weintraub había sucedido al filósofo colombiano naturalizado brasileño Ricardo Vélez Rodríguez, quien también impuso una fuerte carga ideológica a su breve gestión, que duró tres meses y acabó con su renuncia exigida hasta por sectores afines al Gobierno.
(Con información de EFE)
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
El alza del petróleo tras la crisis en Medio Oriente impacta el costo de vida en Centroamérica
Los incrementos en el valor internacional del crudo ya se reflejan en mayores precios para productos básicos y servicios esenciales, afectando la economía de hogares y empresas en la región, según expertos y organismos económicos reconocidos
El tribunal de República Dominicana condena a tres venezolanos a 15 años de prisión por trata de personas
Las sentencias fueron dictadas luego de que la investigación determinara el reclutamiento de mujeres colombianas bajo engaños laborales y su posterior explotación sexual mediante amenazas y el uso de plataformas digitales, según la fiscalía
El Estado dominicano lanza una auditoría nacional para combatir el comercio ilícito y reforzar la fiscalización
La nueva auditoría de permisos y licencias comerciales contará con el respaldo de los principales gremios empresariales y busca mejorar la trazabilidad, incentivar la formalidad y proteger la economía frente a la competencia desleal
El opositor Juan Pablo Guanipa anunció que un tribunal venezolano ordenó el cierre de su causa por terrorismo
El ex diputado aseguró que el expediente demuestra una “persecución política” y afirmó que no existían pruebas en su contra
El presidente de Honduras solicitará a Estados Unidos revisión del TPS para migrantes
La administración hondureña inició contactos con autoridades estadounidenses ante la inminente finalización del programa que protege a miles de ciudadanos residentes en ese país, reiterando la prioridad en políticas laborales y el arraigo familiar
