Sigue la violencia en La Araucanía y el Gobierno de Sebastián Piñera renovó por sexta vez el estado de excepción en la zona del sur de Chile

Durante la madrugada del lunes 3 de enero se registró un nuevo ataque incendiario en el Fundo Santa Clara, un predio ubicado en la ruta que une a las comunas de Traiguén y Lumaco, en la región de La Araucanía, que se encuentra a 720 kilómetros de la capital, Santiago de Chile. Los atacantes prendieron fuego a dos viviendas, una bodega, una oficina, un tractor y una camioneta.

El ataque fue auto adjudicado a un Órgano de Resistencia territorial (OTR) de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). El predio incendiado corresponde a la familia Stappung, los latifundistas más conocidos del territorio, tal como expresaron en un comunicado que difundieron en diferentes blogs.

“Con acciones de resistencia respondemos a Stappung, uno de los latifundistas más emblemáticos que había en territorio Nagche, un fascista de derecha, político y aliado de las empresas forestales que atenta contra nuestros lofche y nuestra Mapu”, explicó la OTR. “Con un sabotaje a un latifundista y una recuperación territorial, la CAM recuerda y homenajea a nuestros weychafes caídos Matías Catrileo y Toño Marchant”, agregaron.

Complejo escenario para el presidente electo Gabriel Boric

El escenario está muy difícil para el futuro gobierno del presidente electo Gabriel Boric, ya que las críticas desde la CAM no han cesado. Han realizado cuatro declaraciones públicas en las que han reafirmado su decisión de seguir con los ataques armados. El 21 de diciembre, el vocero de la CAM, Héctor Llaitul difundió un mensaje criticando a Gabriel Boric, señalando que “Boric y Kast son dos caras de la misma moneda” y aseguró que el futuro gobierno, que tildó de “seudo progre”, “seguirá reprimiendo al pueblo mapuche organizado”. Llamó a “seguir en la senda de la autonomía revolucionaria”.

El 28 de diciembre, la CAM emitió otra declaración pública, en donde exponían seis puntos que tenían como propósito aparente el fijar su posición tras el triunfo de Boric en las elecciones del 19 de diciembre. En el texto aseguran que mantendrán lo que denominan violencia política, que incluye las usurpaciones o tomas de terreno y los atentados incendiarios contra blancos forestales.

Con este escenario el gobierno de Gabriel Boric tendrá que decidir si abrir diálogo o no con el grupo de la CAM. La semana pasada se consultó al presidente electo sobre un posible diálogo a lo que contestó: “Sobre eso nosotros vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz, esa es nuestra posición. Con todos quienes quieran retomar la paz nosotros vamos a tener diálogo, y ahí nosotros tenemos que, como futuro gobierno, ser muy cuidadosos”.

Por otra parte, el Gobierno de Sebastián Piñera pidió una nueva prórroga del Estado de Excepción para cuatro provincias del Sur de Chile y la solicitud fue aprobada por el Congreso. Esta viene siendo aplicada desde el 12 de octubre de 2021 por los hechos de violencia en Arauco en la Región de Biobío a 525 kilómetros de Santiago de Chile, Cautín y Malleco en La Araucanía. La medida ha sido cinco veces prorrogada, una por el Gobierno y cuatro por el Parlamento.

El Estado de Excepción permite a las Fuerzas Armadas apoyar la labor de las policías y sería la sexta vez que se renueva esta medida por 15 días más desde el 10 de enero, cuando vence la que rige actualmente.

La decisión de prórroga ha causado diversas críticas, ya que no está siendo efectiva: los hechos de violencia no cesan, al contrario cada vez se tornan más severos. Asimismo un diputado del oficialista Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionó la eficacia de la presencia militar “Hay algo que está fallando en este Estado de Excepción Constitucional”, apuntó. “Le pediría al Gobierno que revisara cómo está la línea de mando, dónde están las Fuerzas Armadas, porque la verdad es que la gente nos pregunta dónde están los militares y por qué el Estado de Excepción no se está notando”, reprochó.

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