Médicos denuncian una nueva distribución masiva de anticonceptivos defectuosos en Chile

Por segunda vez el Instituto de Salud Pública (ISP) es objeto de críticas por parte del Colegio de Químicos-Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. Esta vez, luego de detectarse una nueva partida de anticonceptivos defectuosos, ahora en una farmacia comunitaria. El medicamento cuestionado corresponde a Ciclomex 20-CD del Laboratorio Abott, lo que fue calificado como “decepcionante” y “vergonzoso” por los colegiados. Por lo mismo, exigen que el Ejecutivo presente acciones legales en contra del laboratorio “porque asumir una maternidad, usando un método anticonceptivo para la planificación familiar, no debe quedar impune”.

El Colegio profesional cuestionó que ni los laboratorios fabricantes ni el ISP hayan corregido sus procesos de control de calidad, y que continúen exponiendo a las mujeres, vulnerando sus derechos sexuales y reproductivos. Incluso, aseguran que el Estado tampoco asume su responsabilidad ni entrega apoyo a las víctimas de estas negligencias, a través de respuestas concretas ante un tema que puede afectarlas desde múltiples perspectivas.

Por lo mismo hicieron un llamado al Ejecutivo para exigir la presentación de acciones legales en contra del laboratorio para defender a las usuarias de estas partidas alteradas, ya que “las consecuencias de este tema son muy complejas, porque asumir una maternidad, usando un método anticonceptivo para la planificación familiar, no debe quedar impune”, y criticaron la nula empatía con las usuarias del anticonceptivo, que vulnera la confianza en el actor garante de su seguridad reproductiva.

La misma situación se había detectado hace poco más de un año, en septiembre de 2020, cuando fue el Laboratorio Silesia el sancionado tras la distribución de pastillas con diversas fallas, como que la tira del anticonceptivo viniera con espacios vacíos, medicamento triturado o con dos pastillas por espacio lo que generó la denuncia de 111 mujeres que quedaron embarazadas pese a consumir anticonceptivos otorgados por el Estado.

La mayoría de las afectadas correspondían a sectores de bajos recursos, a las que se les negó la posibilidad de abortar por no cumplir ninguna de las tres causales por las que se permite la interrupción voluntaria del embarazo en Chile: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación.

Si bien el ISP aplicó la mayor multa posible, correspondientes a 66 millones de pesos (unos US$82.500 dólares) al Laboratorio Silesia, el gremio critica que ésta fue “irrisoria ante la dimensión del daño causado”, pues no generó conciencia en el sector para que mejoraran los procesos de control de calidad en estos productos tan críticos para la población.

Al respecto, el presidente regional metropolitano del Colegio Farmacéutico, Jorge Cienfuegos, afirmó que estos hechos son graves y que falta más compromiso y fiscalización. “Nosotros no estamos buscando culpables, estamos buscando responsables”, señaló Cienfuegos.

Por su parte, la diputada del Partido Radical y miembro de la bancada feminista, Marcela Hernando, sostuvo que la responsabilidad es del Estado al no prevenir estos errores y responsabilizó al Ejecutivo por estos hechos. Al respecto afirmó que “la labor de fiscalización es de parte del Gobierno”.

Sanciones previas

El ISP sancionó a los laboratorios por anticonceptivos defectuosos entregados el año pasado, lo que salió a la luz luego que 111 mujeres denunciaran haber quedado embarazadas pese a haber utilizado las píldoras anticonceptivas entregadas en hospitales públicos de dos laboratorios diferentes, Silesia y Andrómaco, responsables “en la distribución y fabricación” de píldoras Anulette CD que presentaron “problemas de calidad”.

Ante la situación registrada el año pasado con los anticonceptivos defectuosos, la Corporación Miles, junto a la plataforma feminista Women’s Link Worlwide, elevó el caso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmando que la sanción es insuficiente y no logrará la reparación de las víctimas: “Parece una burla”, dijo la abogada y directora de Miles, Javiera Canales.

“Se estima que el 60% de las mujeres en Chile consume este anticonceptivo en particular, por lo tanto, esto impacta directamente en los proyectos de vida a corto, mediano e, incluso, a largo plazo de mujeres que estaban ingresadas a un programa de regulación de la fertilidad”, señaló en su minuto.

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