
Como una forma de influir en Suecia, la dictadura de Augusto Pinochet entregó en adopción a más de 2.000 niños en procesos que están siendo investigados en la nación europea tras denuncias de posibles irregularidades. Se trata de una investigación oficial sobre adopciones internacionales que involucra miles de niños provenientes de países como Chile y Colombia. Según la investigación, la dictadura utilizó estas adopciones irregulares como una forma de ganar influencia en el país receptor de los menores.
La información fue dada a conocer por el medio sueco Dagens Nyheter (DN), que publicó el reportaje “Niños a toda costa”, donde dejó en evidencia cómo menores provenientes de países pobres habían sido adoptados en la nación europea sin el consentimiento de sus padres en el período comprendido entre 1971 a 1992.
PUBLICIDAD
Respecto a Chile, los antecedentes revelados corresponden a la investigación penal realizada desde el 2018 por Karen Alfaro, de la Universidad Austral, donde reúne antecedentes de al menos 630 casos de niños chilenos llevados a Suecia de forma irregular.
El trabajo de investigación de la chilena se titula “Niños y niñas chilenos adoptados por familias suecas. Proximidad diplomática en tiempos de Guerra Fría (1973-1990)”, donde se indica que “las adopciones se convirtieron en parte de un juego político para levantar el aislamiento internacional de Chile”.
PUBLICIDAD
Cómo operaban las adopciones irregulares
Los artículos publicados en DN revelaron cómo Suecia creó un sistema que permitió adopciones en circunstancias poco éticas e ilegales. De hecho, luego de salir a la luz pública esta información, funcionarios que participaron en el proceso están entregando información sobre presuntas irregularidades hasta entrada la década de 2010.
PUBLICIDAD

Con esta información, la ministra de Asuntos Sociales de Suecia, Lena Hallengren, abrió una investigación gubernamental sobre las adopciones internacionales. La funcionaria explicó que “el investigador examinará si se produjeron irregularidades en los países desde los que provienen la mayoría de las adopciones así como en los países en los que hay fuertes sospechas de que hubo irregularidades”.
Por su parte la justicia chilena abrió en 2018 una investigación judicial para analizar miles de adopciones irregulares por extranjeros incluidos ciudadanos suecos, ocurridas durante la dictadura de Pinochet, que se extendió desde 1973 hasta 1990. Durante la investigación se descubrió esta semana que el régimen militar buscó usar las adopciones como un instrumento para presionar al Gobierno de Suecia, que había sido especialmente crítico con el régimen chileno durante el mandato de Olof Palme, quien ejerció como primer ministro durante 10 años en dos etapas: desde 1969 hasta 1976, y desde 1982 hasta su asesinato cuatro años más tarde.
PUBLICIDAD
En ese marco, la investigación señala que cerca de 2.000 niños chilenos fueron adoptados por suecos entre 1974 y 1990, dentro de una campaña orquestada para tratar de mejorar las relaciones entre ambos países. Allí actuaban como piezas clave el Centro de Adopción Sueco y grupos de extrema derecha suecos afines a Pinochet, que buscaban potenciar las relaciones amistosas entre ambas naciones.
De acuerdo con la investigación de Alfaro, las adopciones a Suecia se vieron incrementadas luego de una visita a Estocolmo realizada por la entonces ministra Justicia de Chile, Mónica Madariaga, a mediados de la década de 1970. El escrito afirma que ella fue quien convenció a la Junta de Gobierno de los beneficios que se podían sacar con las adopciones, entre ellos mejorar la reputación del régimen en Suecia.
PUBLICIDAD
“Después del golpe militar en 1973, el régimen era escéptico sobre las adopciones. Se consideró que los niños abandonados podían ser utilizados como una forma para que Suecia difamara al gobierno chileno”, afirma la investigadora, pero después que Madariaga visitara Suecia, los militares cambiaron de opinión. Cabe mencionar que la ex ministra era prima de Pinochet y fue quien “rápidamente se dio cuenta de que las adopciones podrían traer algo positivo para Chile, tanto política como económicamente”, dice Alfaro.
El documento concluye que las adopciones de niños por parte de familias suecas fueron actos que vulneraron los derechos humanos, detrás de una cortina que buscó mostrarlas como ayuda humanitaria, por la difícil situación de la niñez chilena afectada por desnutrición y alta mortalidad. Así, su regularización se transformó en estrategias diplomáticas y políticas para sacar beneficios y revertir el aislamiento del régimen militar.
PUBLICIDAD
El diario sueco agrega información sobre China, desde donde más de 4.000 niños han sido dados en adopción a personas suecas. Las autoridades chinas afirman que se trata de pequeños que han sido abandonados por sus padres.
SEGUIR LEYENDO
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Costa Rica condena ataque ruso contra Kiev y crecen los llamados internacionales a la protección de civiles
El bombardeo ruso sobre la capital ucraniana causó decenas de víctimas y severos daños, mientras la comunidad internacional, incluida Costa Rica, exige respeto a la soberanía y una respuesta urgente para proteger a los ciudadanos

Guatemala: Sala deja sin efecto órdenes de captura en contra del exjefe la CICIG y otros fiscales anticorrupción
La resolución incluye a otros miembros de la Comisión anticorrupción respaldada por la ONU, así como a la exjefa del MP, Thelma Aldana; y al exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, todos vinculados al caso Odebrecht.

Corte Plena rechaza críticas de la presidenta Laura Fernández sobre corrupción en el Poder Judicial
Magistrados instan a la presidenta a formalizar denuncias y refutan lo que consideran acusaciones irresponsables contra miles de funcionarios

Condenaron a prisión a un hombre por tres secuestros ocurridos en 1999 en El Salvador
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador lo halló responsable de dos secuestros y uno agravado; está prófugo y ordenaron reiterar su captura

Procuradora general propone un pacto nacional contra la violencia en República Dominicana
La titular del Ministerio Público pidió un acuerdo de Estado con iglesias, empresas, organizaciones y comunidad educativa para atacar factores sociales y económicos, reforzar políticas públicas y priorizar la prevención por encima del castigo


