La cláusula de la venta de la minera que complica a Sebastián Piñera mientras el Congreso analiza un pedido de juicio político

La venta del cuestionado proyecto Dominga por parte de la familia del presidente chileno revelada por los Pandora Papers condicionaba el tercer pago “siempre y cuando el gobierno no intervenga”

Fotografía de este lunes del cartel que anuncia la futura instalación de Dominga, proyecto minero portuario ubicado en la Región de Coquimbo (Chile). EFE/José Caviedes
Fotografía de este lunes del cartel que anuncia la futura instalación de Dominga, proyecto minero portuario ubicado en la Región de Coquimbo (Chile). EFE/José Caviedes

Un complejo escenario es el que enfrenta la familia del Presente Sebastián Piñera tras el escándalo suscitado por la venta del proyecto minero Dominga en paraísos fiscales, que salió a la luz con los Pandora Papers. Se trata de la polémica tercera cuota que sería cancelada siempre que la zona del proyecto no fuera declarada parque, reserva o recibir algún otro tipo de protección que impidiera la instalación de la mina y su puerto. Dicha compraventa tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas y estipula que los vendedores de Dominga, entre ellos los Piñera Morel, podrían cobrar la última cuota de esta compraventa ascendiente a US$ 10 millones entre el 10 de diciembre de 2010 y 13 de diciembre de 2011 siempre y cuando el gobierno no interviniera en la zona.

Las reacciones no se hicieron esperar y rápidamente la Cámara de Diputadas y Diputados elevó una acusación constitucional contra el mandatario buscando su destitución meidante un juicio político, por lo que se nombró una comisión revisora que reúna los antecedentes de esta causa. La instancia realizó una ronda de entrevistas y comenzará una nueva etapa para la elaboración de un informe final. Uno de los firmantes en esta solicitud, el parlamentario socialista Leonardo Soto, pidió que la comisión citara a declarar a los hijos del mandatario y a su esposa. La justificación entregada por el diputado es porque fueron ellos “los que pactaron la cláusula tercera: recibir un premio a cambio que no se proteja ambientalmente una zona donde se emplazaría el proyecto minero”. Cabe destacar que esta comisión sólo tiene la facultad de revisar el libelo acusatorio y no se trata de una comisión investigadora. Asimismo quienes sean invitados a esta instancia no están obligados a concurrir. De hecho, personeros como el fiscal nacional Jorge Abbot y el ex fiscal Manuel Guerra se excusaron de participar.

Sebastián Piñera y Cecilia Morel
Sebastián Piñera y Cecilia Morel

Quien si respondió al llamado fue el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza. El personero afirmó ante la comisión que la compraventa de Dominga en 2010 cumplió con las normas tributarias vigentes de la época, señalando además que no sabe la razón por la que esta transacción se realizó en las Islas Vírgenes. En su relato comentó “¿Cuál sería la razón por la cual esta operación en particular se realiza en un paraíso fiscal? No tenemos respuesta hasta ahora de cuál es la motivación por la cual se realiza esta operación en paraísos fiscales. Tributariamente al menos, de la manera como se estructuró, la verdad es que el haberlo hecho en el exterior no implicaba ventajas tributarias, con las normas vigentes a la época”.

Eso sí, aclaró que existen elementos a los que no puede referirse argumentando que forman parte de la reserva tributaria actual y entregó datos respecto a averiguaciones que se hicieron en el año 2017 y antes de esa fecha. Entre ellos, destaca que la operación se realizó en dos etapas: La primera fue una venta directa efectuada en Chile, mientras que la segunda fue una venta indirecta que tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas. En este último paso, al generarse una renta de fuente extranjera, el SII concluye que se cumple con las obligaciones tributarias correspondientes. Al respecto explicó que en este caso aplica el artículo 12 de la Ley de Impuesto a la Renta, vigente hasta el año 2016, que establecía el cómputo en Chile de las rentas de fuente extranjera.

Asimismo aclaró que no conocieron los contratos de la transacción, ya que el contribuyente no está obligado a aquello. “Cumplió con informar al SII tanto la operación como las remesas que se internaron al país. Desde esa perspectiva se cumple con la obligación tributaria”, concluyó.

En tanto la comisión revisora acordó solicitar la carpeta investigativa de Caso Exalmar, en el que el mandatario fue investigado en 2017. Para ello, acordaron el envío de un oficio al fiscal nacional, Jorge Abbott. “Ya que no van a venir las autoridades del Ministerio Público, que a lo menos nos hagan llegar la carpeta investigativa que acumularon durante 2017 y 2018, con la investigación que se hizo a las operaciones del Presidente de la República, atravesadas por conflicto de intereses”, indicó el diputado Soto.

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